La Comisión Europea (CE) ha amenazado hoy con actuar contra ocho países (Panamá, Belice, Camboya, Fiji, Guinea, Sri Lanka, Togo y Vanuatu) e incluirles en una "lista negra" por su falta de cooperación en la lucha contra la pesca ilegal en los caladeros.

La comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, ha explicado en una rueda de prensa que los esfuerzos de esos Estados para combatir las actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas son "insuficientes", y que hay "claras señales" de que están incumpliendo las obligaciones derivadas de la normativa internacional.

La Comisión confía en que la situación se pueda resolver mediante "el diálogo y la cooperación", y a tal efecto tiene previsto dar a esos Estados "un plazo razonable" para adoptar medidas e introducir mejoras.

No obstante, Damanaki advirtió de que, si no hay progresos, el Ejecutivo comunitario no dudará en proponer acciones, que podrían incluir la petición al Consejo (Estados miembros de la Unión Europea) de que se adopten "medidas comerciales" contra los incumplidores.

En particular, se menciona la posibilidad de prohibir la comercialización en la UE de los productos pesqueros procedentes de los Estados que infrinjan las normas internacionales de pesca, lo que además se podría acompañar de una denuncia o de la congelación de los acuerdos pesqueros.

Se trata de la primera ocasión en que la Comisión trasmite una amenaza de este tipo.

Damanaki ha dejado claro que la advertencia de hoy es sólo una "tarjeta amarilla" y no supone "de momento" la inclusión de esos Estados en una "lista negra", e indicó que tiene previsto iniciar a partir de ahora un diálogo con cada uno de ellos para poner en marcha un "plan de acción" destinado a corregir la situación.

La Comisión presentará dentro de seis meses un primer análisis de los progresos llevados a cabo por cada Estado, añadió.

La identificación de los ocho países que figuran en el grupo "amenazado" se ha producido tras un análisis profundo de la situación de cada caso, y se han tenido en cuenta aspectos como las deficiencias en los controles y la vigilancia, la existencia de banderas de conveniencia o el rechazo a dialogar con Bruselas.

Damanaki recordó que la CE sigue trabajando en paralelo con terceros países, en particular con Estados Unidos, para combatir el "enorme problema" que implica la pesca ilegal, que representa cerca del 20 % de todas las capturas globales y cuyo valor asciende a unos 10.000 millones de euros anuales.

La decisión de hoy "transmite una señal fuerte" a todos los países sobre el deseo de terminar con estas prácticas, consideró.