El Gobierno español aprobó hoy una serie de medidas urgentes para evitar los desahucios por impago hipotecario de las familias más desfavorecidas que cumplan una serie de requisitos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en conferencia de prensa que "se trata de paralizar la fase final" de una ejecución hipotecaria, es decir, de evitar que la familia afectada sea expulsada de su vivienda, para lo cual se establece una moratoria de dos años.

Explicó que podrán acogerse a estas medidas las familias que no superen un determinado nivel de renta, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, situó en 1.600 euros mensuales (2.041 dólares) y que sean, además, familia numerosa, o con hijos menores de tres años, o tengan a su cargo personas incapacitadas, o deudores desempleados sin prestación.

También cuando se den determinadas situaciones de violencia de género.

El Gobierno aprobó igualmente la creación de un fondo social de viviendas que se destinarán a alquilarlas a las personas que hayan perdido su casa.

El ministro de Economía explicó que la bolsa de casas para alquilar del nuevo fondo social se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.