Directores de medios de comunicación y dirigentes de gremios periodísticos dominicanos rechazaron hoy los intentos de aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que aumenta las penas de cárcel para quienes sean condenados por delitos de difamación e injuria.

Los comunicadores expresaron su "profunda preocupación" por los alcances del proyecto de modificación del Código Penal, que persigue aumentar de uno a tres años la pena máxima de reclusión para los condenados por delitos de prensa, y que ya fue aprobado en primera lectura por los diputados.

"Lo que ese proyecto plantea es un absurdo. En vez de aumentar las penas de tres meses a un año, que ya de por sí es aberrante, lo que hay que hacer es despenalizar los delitos referentes a la prensa y aplicar solo sanciones morales o de corte civil", dijo a Efe el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Olivo de León.

De León, que al igual que otros periodistas acudió hoy a las vistas públicas celebradas por los diputados, explicó que sugirió a los legisladores desestimar el conocimiento de ese proyecto de ley, y retomar otro que atañe específicamente a la ley sobre libertad de prensa y difusión del pensamiento.

"El derecho a la libre expresión es un derecho inalienable de los seres humanos, la tendencia mundial va dirigida a despenalizar los delitos relativos a la prensa (...) ese proyecto viola también al menos 10 artículos de la Constitución dominicana, y entra en serias contradicciones con dos tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el país es signatario", agregó el dirigente gremial.

Uno de los artículos de la pieza legislativa establece que constituye difamación la imputación pública a una persona, física o moral, algo que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, y se sanciona con las penas de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios.

Asimismo, se disponen penas de dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve salarios a las infracciones que afecten al presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, ministros, embajadores, procurador general de la República, y embajadores acreditados en el país.

El proyecto fue rechazado también por el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul quien, según medios de prensa locales, consideró que los debates representan una gran oportunidad para corregir las distorsiones entre la actual ley de libertad de prensa y lo establecido en el Código Penal.

Mientras, el director del diario gratuito El Día, Rafael Molina Morillo, que habló también en nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó que la aprobación del proyecto significará "un vergonzoso retroceso en el camino hacia una plena democracia" en el país.

En ese sentido, propuso a la Cámara de Diputados eliminar todo lo que implique prisión como penalidad, además de que se inicie el conocimiento del anteproyecto de ley que se elaboró a instancias del expresidente dominicano Leonel Fernández, para sustituir la ley sobre libertad de prensa y difusión del pensamiento.

Al término de los debates, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, afirmó que se producirán "cambios profundos" en los artículos sobre la difamación e injuria contemplados en el proyecto que modificará el Código Penal.

El congresista garantizó, de acuerdo a publicaciones locales, que no perecerá el derecho que tiene cada ciudadano a expresarse libremente en el país, y que el estudio sobre el tema se desarrollará de manera abierta, sin apresurar los debates, a fin de documentar y enriquecer los aspectos con esta legislación.