Bolivia se paralizará casi por completo el próximo miércoles para censar a su población por primera vez desde 2001, en una jornada en la que están prohibidas las actividades privadas y públicas, circular por las calles, el consumo de alcohol y el tránsito nacional, anunciaron hoy las autoridades.

El "auto de buen gobierno", que regirá las 24 horas del miércoles día 21, obliga a la gente a permanecer en sus viviendas y pondrá al país bajo vigilancia militar y policial con el propósito de garantizar el censo de los más de diez millones de bolivianos que se calculan este año.

Las prohibiciones son tan estrictas que nadie puede salir de casa sin un permiso especial durante la jornada bajo la advertencia de ser arrestada en celdas policiales o cuarteles militares hasta la medianoche, anunció el Ministerio de Planificación.

Para ilustrar el alcance de la medida, la ministra del sector, Viviana Caro, ha señalado que no podrán abrir los supermercados, restaurantes y bancos, además de prohibirse la venta ambulante.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) otorgará permisos exclusivamente a personal de emergencia para hospitales y farmacias, a periodistas, operadores de telecomunicaciones y algunos taxis para trasladar a los aeropuertos a personas que deban tomar vuelos internacionales en esa jornada.

Las autoridades departamentales han emitido su propia normativa y en el caso de La Paz, donde están las sedes del Ejecutivo y el Parlamento, se ha establecido una multa que va de 144 a 430 dólares para quienes circulen sin permiso a pie o en vehículos, incluso después de ser censados.

La venta y el consumo de alcohol en cualquier establecimiento pero también en la casa y en los hoteles está prohibidos incluso desde un día antes del censo, determinó la Gobernación de La Paz.

Restricciones similares a estas se han aplicado históricamente en Bolivia en la jornada de elecciones de cualquier nivel, salvo la prohibición de circular por las calles.

El veto sobre el consumo de bebidas alcohólicas, que se aplica en elecciones y ahora en el censo, tiene que ver con un intento de las autoridades de evitar eventuales incidentes violentos.

Pese a las advertencias de sanción, hay sectores que tienen conflictos con el Gobierno del presidente Evo Morales o pueblos con problemas territoriales que han amenazado con protestas para perjudicar la celebración del registro si no se atienden sus demandas.

El Gobierno ha pedido a esos movimientos que paren sus movilizaciones y demandas para permitir este censo que busca nueva información sobre la población y sus condiciones de vida.

Bolivia contaba con 8,6 millones de habitantes según el censo de 2001, una cifra que se espera que se eleve a 10 millones en el recuento general de la próxima semana, aunque los resultados no se conocerán hasta dentro de unos 6 meses.

Este censo se realiza con un año de retraso, ya que la previsión original era llevarlo a cabo en el 2011, exactamente una década después del anterior.