Al menos 20 empresas de comunicación, entre ellas el Grupo Clarín, deben adecuarse a una ley de 2009 que busca poner fin a las "tendencias monopólicas" en Argentina, afirmó el miércoles el titular del organismo que regula los servicios de comunicación audiovisual.

Entre las principales empresas que en estos momentos no se adecúan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por distintos motivos están el Grupo Clarín, Grupo Uno, Grupo Ick, Red Intercable, Pampa Difusora, Cadena 3, Grupo Indalo, Telecentro, canal C5N, Radio Visión Jujuy, Roberto Ferraris, la compañía de televisión satelital DirecTV, de capitales estadounidenses, y el Grupo Prisa y Telefe, estos dos últimos con participación de capitales españoles.

Martin Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), dijo a periodistas que estos son gran parte de las empresas que tienen que presentar antes del 7 de diciembre "un plan de adecuación" que principalmente supone desinvertir para reducir su tamaño en el mercado audiovisual. Señaló que son datos provisionales que pueden modificarse con el correr de los días.

Sabbatella dijo que hasta el momento "la mayoría" de esas empresas no ha presentado dicho plan de adecuación, aunque aclaró que "todos han expresado la voluntad de hacerlo, excepto uno", en referencia al Grupo Clarín, el principal multimedios del país y muy crítico del gobierno, que se opone en la justicia al desprendimiento de licencias de explotación de señales en las que según la ley está excedido.

El funcionario explicó que entre los límites que establece la norma está que ningún grupo puede tener más de 10 licencias de canales de televisión de aire, más de 24 de cable ni más de tres licencias de radio por cada ciudad. Además, quienes tengan un servicio de televisión por cable sólo podrán tener una sola señal de TV abierta, mientras que los prestadores de televisión satelital no podrán tener otras señales audiovisuales.

Los grupos de comunicación deben cumplir también con el límite de 35% de llegada a la población o a los suscriptores, según la característica del medio, y con un 30% de tope a la presencia de inversores extranjeros.

Al dar detalles, Sabbatella señaló que Clarín debe adecuarse respecto de sus licencias de cable ya que "puede tener 24 y hoy tiene 237 licencias". Por otra parte, sostuvo que el Grupo Uno --considerado afín al gobierno-- también debe adaptarse por tener más licencias que las permitidas, además de ser titulares de licencias de satélite.

Después de que los medios presenten su plan de desinversión, el directorio de la Afsca tendrá que evaluarlo y en caso de hacer alguna observación, habrá 10 días para llevar a cabo las correcciones pertinentes, tras lo cual fijará un plazo de ejecución para que se concreten las desinversiones.

En el caso de que Clarín o cualquier otra empresa no respeten esa fecha límite para presentar de forma voluntaria su plan de desinversión, la Afsca iniciará una "transferencia de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley", dijo Sabbatella, lo que implicará licitar las licencias de las señales. Esto se realizará "garantizando los servicios" que presta la empresa de comunicación y "las fuentes de trabajo".

El primer paso será abrir un "registro de oferentes" o interesados, tras lo cual el tribunal de tasación de Argentina "tasará las licencias y los bienes afectados al funcionamiento de esas licencias" y establecerá un precio base. Se elegirán aquellas licencias "de menor valor económico y simbólico" de cada grupo para ponerlas a licitación con el fin de "evitar perjuicios".

El proceso para que las licencias pasen de un titular a otro durará cien días hábiles y el Estado exigirá que los antiguos propietarios y los nuevos dueños "garanticen el servicio, las fuentes de trabajo y el cuidado de los bienes", afirmó Sabbatella.

El titular de la Afsca afirmó que todas las empresas deben cumplir con la norma, cuyo artículo 161 que contempla el desprendimiento de licencias es rechazado por Clarín ante la justicia por considerarlo anticonstitucional. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández y ese multimedios están enfrentados desde 2008.

A pedido de Clarín una medida cautelar de un juez suspendió la aplicación de dicho artículo mientras se decide sobre su constitucionalidad. Pero la Corte Suprema de Justicia estableció que el 7 de diciembre vencerá el plazo de vigencia de la medida cautelar, lo que según Sabbatella da vía libre a que los grupos presenten sus planes de desinversión.

"No está definida la cuestión de fondo (sobre la inconstitucionalidad), pero la Corte puso fecha límite a la cautelar ya que no hay riesgo a que se vulnere la libertad de expresión", indicó.

Aunque el tribunal supremo estableció esa fecha en el caso referido a Clarín, la Afsca indicó en una resolución que todas las empresas periodísticas excedidas en número de licencias tienen como límite ese día para presentar sus planes de desinversión.

Pero el multimedios no reconoce a la Afsca y sostiene que no tiene que presentar el plan de desinversión "porque el artículo 161 está totalmente suspendido y si para el 7 de diciembre no estuviera resuelto el juicio de fondo" referido a su supuesta inconstitucionalidad "la propia Corte estableció que se puede pedir una prórroga de la cautelar".

Afirmó que "el artículo 161 desconoce retroactivamente licencias vigentes y otorgadas por el mismo Estado, por lo que resulta manifiestamente inconstitucional".