El dominicano Leonel Fernández se ha sumado a la lista de exmandatarios latinoamericanos en líos con la justicia, en la que el peruano Alberto Fujimori se afianza con una nueva acusación por su gestión presidencial de diez años.

La Corte Suprema de Chile amplió hoy los delitos por los que Fujimori fue extraditado a Perú en 2007, para permitir que sea juzgado por un delito de peculado, en momentos en que los hijos del expresidente de 74 años tratan de lograr para él un indulto por razones humanitarias, ya que padece un cáncer de lengua.

En 2009 Fujimori, quien gobernó diez años, de 1990 a 2000, se convirtió en el primer expresidente latinoamericano elegido en las urnas que fue condenado por violaciones de los derechos humanos. Recibió una pena de 25 años de cárcel por dos matanzas de estudiantes y profesores a manos de un grupo paramilitar.

También fue condenado a penas menores por delitos económicos.

Ahora deberá responder por un supuesto desvío de fondos públicos hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con el fin de financiar la campaña para su tercera reelección (2002), lo que presuntamente incluyó pagos a medios de prensa, los conocidos popularmente como "diarios chicha".

Por su parte, Leonel Fernández, quien dejó la presidencia en agosto pasado, al termino de un tercer mandato (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), ha sido demandado penalmente por un partido político minoritario por su presunta responsabilidad en el déficit fiscal de unos 3.800 millones de dólares que tiene su país.

Esta noche está previsto que Fernández se dirija a los dominicanos por medio de la televisión para explicar la forma en la que su gobierno manejó la economía.

Alianza País acusa a Fernández de prevaricación, por supuestamente haber usado más de 40.000 millones de pesos (unos mil millones de dólares) en apoyo del actual presidente, Danilo Medina, de su mismo partido, durante la campaña electoral.

También le acusa de emplear fondos del Estado en viajes al exterior de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), entidad privada que promueve el exmandatario.

Este año el expresidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) se ha sentado en el banquillo de los acusados en un juicio por el presunto pago de sobornos a senadores durante su Gobierno para aprobar una reforma laboral, junto a exministros y exparlamentarios.

Si es encontrado culpable, De la Rúa, quien renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.

El proceso, aun en marcha, es el segundo juicio contra un exmandatario constitucional argentino desde la última dictadura. Carlos Menem, presidente de 1989 a 1999, fue procesado y absuelto por un presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

El brasileño Luiz Inacio Lula da Silva no está acusado en el "juicio del siglo" en Brasil, pero sí exministros de su Gobierno y exdirigentes del PT, el Partido de los Trabajadores, al que pertenece, por una gran trama de corrupción que entre otras cosas se dedicada a sobornar parlamentarios para sacar adelante las leyes.

José Dirceu, considerado durante décadas la "mano derecha" de Lula, coordinador general de la campaña que llevó al poder por primera vez al exsindicalista y luego su ministro de la Presidencia, fue condenado este lunes a diez años y diez meses de cárcel.

En Costa Rica, dos expresidentes, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), fueron condenados en 2009, en juicios separados, por corrupción, cada uno a cinco años de cárcel.

La condena del primero, cuya sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2011, tiene que ver con un préstamo finlandés al Estado costarricense para la compra de equipos médicos, y la del segundo por los sobornos que pagó una compañía francesa para conseguir una licitación de telecomunicaciones en Costa Rica.

Otro expresidente condenado, en primera instancia, es el boliviano Jorge Quiroga (2001-2002), a dos años y ocho meses por un caso de corrupción en la petrolera estatal YPF.

Quiroga, quien ha apelado esa sentencia de 2010, ha enviado cartas a los titulares de la ONU y la OEA para denunciar que los opositores al Gobierno de Evo Morales son víctimas de "una sañuda persecución", con ayuda de unos órganos judiciales "sometidos al Gobierno".

La lista de exgobernantes investigados, demandados, juzgados o condenados en América Latina no para de crecer.

La corrupción es el punto débil de los que llegaron al poder tras ser elegidos en las urnas, mientras que los problemas con la justicia de los gobernantes surgidos de golpes de estado o de sucesiones dentro de regímenes militares obedecen a violaciones de los derechos humanos.

Algunos de los expresidentes que hoy cumplen prisión o arresto domiciliario por delitos de lesa humanidad son el boliviano Luis García Meza, el argentino Rafael Videla o el uruguayo Gregorio Álvarez.

Por delitos económicos fueron condenados, entre otros muchos, el venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), ya fallecido, y el nicaragüense Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002).