El Senado aprobó el martes por mayoría una amplia reforma laboral que establece nuevas reglas de contratación en México, en la mayor modificación hecha en la materia en casi cuatro décadas y que mientras para sus promotores impulsará la creación de empleos para sus detractores abre las puertas a problemas como trabajos mal pagados.

La Cámara de Diputados había aprobado días antes la reforma, por lo que con el aval del Senado se completó el proceso legislativo y se envió al Ejecutivo para la promulgación y publicación de una ley que no incluyó varios aspectos de transparencia y democracia sindical que fueron rechazados principalmente por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que volverá a gobernar el país a partir de diciembre.

Y aunque el Senado incorporó dos artículos previamente rechazados por los diputados, se logró un acuerdo mayoritario para que, salvo esos dos apartados, el resto de la ley avalada por ambas cámaras fuera enviada al Poder Ejecutivo.

La modificación a la ley del trabajo fue aprobada en la cámara alta por 99 votos a favor y 28 en contra.

La reforma fue presentada por el presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) y quien dejará el poder el 1 de diciembre, y aunque fue modificada a lo largo del proceso legislativo el gobierno ha dicho que aún es una norma importante debido a que por primera vez desde la década de 1970 se modifica y permitirá reglas más flexibles de contratación para promover la creación de empleos en un país que ha dicho que requiere al menos un millón de puestos de trabajo nuevos cada año.

El gobierno sostiene que la nueva ley laboral puede por sí misma contribuir a crear al menos 400.000 empleos.

Calderón anunció la semana pasada que entre enero y octubre de 2012 se crearon unos 865.000 nuevos empleos formales, que dijo era la mayor cifra registrada para un solo año.

Entre las nuevas disposiciones establecidas en la nueva ley laboral se permite el trabajo temporal, salarios por horas, además de periodos de prueba y entrenamiento.

El gobierno y los partidos a favor de la norma han dicho que esas nuevas reglas favorecerán por ejemplo, que los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo puedan conseguir un empleo que ahora les es complicado debido a que en muchos lugares se les pide experiencia.

Políticos de izquierda, sin embargo, señalan que esas mismas reglas pueden entre otras cosas facilitar el despido de los trabajadores y abaratar la mano de obra.

"Los jóvenes que buscan empleo también se van a ver afectados... se va a afectar la posibilidad de que los jóvenes tengan derecho a antigüedad, es decir, están generando la pérdida de derechos de toda una generación productiva", dijo Alejandra Barrales, senadora del Partido de la Revolución Democrática, el principal partido de izquierda.

Durante las semanas que duró el proceso legislativo buena parte de la discusión se centró en los temas de transparencia y democracia sindical.

Algunos aspectos encontraron cabida en la ley, como la obligación de que los sindicatos hagan públicos a sus integrantes el destino de sus cuotas, pero otros más fueron rechazados especialmente por los legisladores del PRI como la necesidad de que antes de que un patrón y un líder sindical firmen un contrato colectivo, los agremiados lo conozcan.

Ahora, es posible una firma de contratos colectivos sin que antes sea dado a conocer a los sindicalizados.

Justamente los dos artículos que reincorporó el Senado a última hora eran los referentes a dar a conocer a los sindicalizados sus contratos previo a la firma, sin embargo por no haber sido aprobados por ambas cámaras se determinó que continúe su análisis en semanas posteriores, pero que el resto de lo aprobado llegue al Ejecutivo para la promulgación.

El PAN, que promovía los temas sindicalizados, se sumó al PRI para votar la reforma laboral bajo el argumento de que la norma es necesaria para el país y que más adelante volverá a luchar para incorporar esos asuntos.

El PRI, que ya había gobernado el país de manera continua entre 1929 y el 2000, ganó la presidencia en julio y en diciembre volverá al poder por un periodo de seis años de la mano de Enrique Peña Nieto.

El PRI ha mantenido entre algunos sectores una mala reputación, en parte ligada a la opacidad con que se manejan los sindicatos, muchos de los cuales han sido afines a ese partido.