Suiza pierde cada vez más margen de maniobra en relación al secreto bancario y cualquier intento de dar marcha atrás en los distintos ámbitos en los que ha cedido en los últimos tres años es simplemente "inconcebible" porque, en realidad, no "hay posibilidad de vuelta atrás".

Así opinó el experto suizo en derecho tributario, Jean Frederic Maraia, quien observa un fuerte movimiento transnacional en favor de una ética fiscal y contra la impunidad de aquellos que pretenden escapar a la imposición fiscal en sus países, amparados hasta hace poco por el secreto bancario.

Bajo la presión de varios países y la amenaza de ser incluida en un listado de paraísos fiscales, Suiza empezó a relajar en 2009 los criterios del secreto bancario, cuyo alcance y posibilidad de aplicación se ha ido reduciendo desde entonces.

El paso inicial fue eliminar la distinción en la legislación helvética entre evasión y fraude fiscal. La primera tipificación suponía disimular una cuenta bancaria, mientras que la segunda implicaba manipulaciones administrativas o contables para esconder fondos en el exterior.

"Suiza sigue ahora la evolución de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y ya no va retrasada con respecto a otros países en esta materia (de transparencia fiscal), aseguró Maraia, miembro de la Asociación de Fiscalidad Internacional.

El último gran golpe al secreto bancario ha sido la revisión de la forma cómo la OCDE interpreta la colaboración entre Estados en materia de intercambio de información fiscal, que es cada vez más amplia y que Suiza ha incorporado recientemente en la revisión y firma de cerca de medio centenar de acuerdos para evitar la doble tributación.

Suiza ha aceptado que ya no es obligatorio que el Estado que solicita la información confirme el nombre del contribuyente y del banco para obtener los datos que desea de sus ciudadanos, lo que supone un reconocimiento implícito de los "pedidos agrupados" de información a partir de 2013, confirmó el abogado.

La excepción a ese plazo es Estados Unidos, país del que ya se aceptan ese tipo de solicitudes.

Entre los países que se beneficiarán de este nuevo enfoque está España, ya que la Convención sobre la Doble Tributación (1966) incorporó una frase que señalaba que si Suiza cerraba con otros Estados europeos -como lo ha hecho- cláusulas más favorables, éstas también se le aplicarían.

España podrá entonces citar casos como el de Francia, al que se reconoce el derecho de formular esos "pedidos agrupados" de datos.

El temor que se está extendiendo en medios financieros y políticos es que esto signifique una aceptación informal de las "fishing expeditions" ("expediciones de pesca"), es decir que la autoridad fiscal de un país pueda dirigirse a Suiza para pedirle todos los datos en poder de determinado banco en relación a sus contribuyentes .

"Se está generando cierto pánico porque ahora todos se preguntan si autorizar esas 'peticiones agrupadas' no significa estar cayendo en las 'fishing expeditions'", comentó el jurista, socio del estudio Schellenberg Wittmer de Ginebra.

Maraia señaló que también se teme que la OCDE intente en el futuro que en lugar de que las informaciones sean transmitidas bajo pedido se pase a un procedimiento automático.

"La OCDE empieza a mostrar una tendencia hacia el intercambio automático (de información), lo que significaría que los Estados deberían transmitir las informaciones de manera sistemática y regular", comentó el experto.

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Isabel Saco