La Justicia francesa juzga de nuevo desde hoy a los que fueran el jefe político de ETA Mikel Albisu, "Mikel Antza" y su compañera Maria Soledad Iparraguirre, "Anboto", exresponsable del aparato financiero de la banda.

Los dos son juzgados en París desde esta mañana y en principio durante dos semanas por el recurso interpuesto a la sentencia en 2010 de 20 años de cárcel a cada uno.

Casi dos años después de aquel juicio, en el que el Tribunal de lo Criminal de París los condenó como dirigentes etarras, Albisu e Iparraguirre vuelven a sentarse en el banquillo en un contexto sustancialmente modificado en el que la pareja ha seguido mostrando su voluntad de liderazgo en la organización terrorista.

Los dos formaban parte de los seis interlocutores del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) que en abril pasado pidieron un diálogo a los gobiernos español y francés, al tiempo que rechazaban salidas individuales a sus situaciones penitenciarias, a lo que Madrid y París respondieron con un rechazo y con la exigencia de que ETA se disolviera.

"Mikel Antza" y "Anboto", que tienen 51 años cada uno y llevan en las cárceles francesas desde que fueron capturados en una casa de Salies de Béarn (suroeste) el 3 de octubre de 2004, podrían utilizar este nuevo juicio para lanzar nuevos mensajes, y nuevas reclamaciones, tomando como referencia la declaración de octubre de 2011 sobre el abandono definitivo de la lucha armada.

Sin embargo, el pasado miércoles en otro juicio a un etarra la Fiscalía de París señaló que para la banda "la negociación no es una prioridad", y que la prueba es que sus activistas siguen cometiendo delitos en la clandestinidad en territorio francés, donde además mantienen sus arsenales.

El Ministerio Público recordó entonces que en 2012 nueve presuntos etarras han sido detenidos con armas en Francia, los dos últimos en Mâcon el 28 de octubre pasado, en una operación que permitió dar con Izaskun Lesaka, a la que se considera "la número dos del aparato militar".

El primer juicio a "Mikel Antza" y "Anboto" estuvo salpicado de incidentes, como el abandono de la audiencia de los principales acusados al no acudir a declarar dos testigos que ellos habían pedido -el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la forense española Leonor Ladrón de Guevara- a los que querían preguntar sobre las supuestas torturas de las que ETA acusa por sistema a las fuerzas del orden españolas.

Por lo que se refiere a los aspectos puramente judiciales, ambos teóricamente se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel -las máximas para los delitos por los que están imputados- en particular por la ingente cantidad de documentos que se les incautaron al ser arrestados en una operación en la que también fueron detenidas otras ocho personas también condenadas pero que no son objeto de este proceso en apelación.

De acuerdo con el dictamen de 2010, Albisu formaba parte del comité ejecutivo de ETA -máximo organismo de decisión de la banda- y era el jefe del aparato político desde hacía más de una decena de años.

A Iparraguirre la acusación la situaba no sólo como jefa del aparato financiero que estaba "directamente implicada" en las operaciones de extorsión a empresarios para el cobro del llamado "impuesto revolucionario", sino que desde la relación con su pareja también daba instrucciones a cada aparato sobre la forma de realizar la contabilidad, y éstos tenían que rendirle cuentas.