Las críticas y la presión social debido al drama que viven miles de familias en España que han perdido o están amenazadas de perder sus viviendas por no poder pagar la hipoteca ha movilizado a políticos y banqueros que intentan buscar una forma de mitigar el impacto de la crisis sobre los más vulnerables.

El Gobierno español y el opositor Partido Socialista (PSOE) abrieron hoy una negociación para modificar la ley sobre las hipotecas y los desahucios de viviendas por impago, una de las más graves consecuencias de la profunda crisis que sufre el país y que ha disparado el desempleo y ya son más de cinco millones afectados, equivalente a un 25 % de la población activa.

A corto plazo, el Ejecutivo prevé aprobar en el Consejo de Ministros del jueves las medidas más urgentes que considera que hay que poner en marcha para hacer frente al problema de los desahucios.

La Asociación Española de Banca (AEB) y las cajas de ahorros anunciaron hoy el compromiso de paralizar los desahucios de viviendas por impago de hipotecas durante los dos próximos años en los casos en los "que concurran circunstancias de extrema necesidad" de las personas afectadas.

Los banqueros justifican su decisión alegando "razones humanitarias", pero también es cierto que se encuentran en el ojo del huracán de las críticas y protestas de los consumidores.

El suicidio, la semana pasada, de una mujer que iba a ser desalojada de su vivienda, el segundo caso de este tipo en 20 días, ha desencadenado una serie de reacciones en el país y el compromiso serio del Gobierno y la oposición de modificar la legislación.

Y es que las leyes españolas en este ámbito son de las más duras de los países occidentales, incluido EEUU, para el consumidor, ya que la legislación no contempla la dación de una vivienda como pago de una hipoteca sobre la misma, con lo que el que no puede pagar, además de dar su casa al banco o entidad financiera, mantiene la deuda porque no queda saldada.

Asociaciones y ciudadanos volvieron a salir hoy a las calles españolas para protestar, pedir que se paren los desahucios y mantener la presión para que se cambie la legislación sobre hipotecas.

"No son suicidios, son homicidios" y "Tenemos la solución, los banqueros a prisión", han sido algunas de la consignas lanzadas por un centenar de personas que se manifestó delante de la sede en Madrid del conservador Partido Popular (PP), en el Gobierno.

Desde 2007, unas 400.000 familias han perdido sus viviendas por no poder pagar la hipoteca. Se trata en muchos casos de inmuebles comprados en los años de la "burbuja inmobiliaria", con precios hinchados y en los que muchos bancos ofrecían sustanciales prestamos con pocas condiciones.

Solo en el primer semestre de 2012 se han realizado 48.213 ejecuciones hipotecarias, paso previo al desahucio, esto es un 14,1% más que en el mismo periodo del año pasado, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Asimismo, en 2011 se llevaron a cabo 77.854 ejecuciones y en 2010 un total de 93.636 desahucios, según los datos de AHE.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, dijo hoy ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en Bruselas que confía en que se tomarán medidas "para que ninguna familia de buena fe se quede sin techo como consecuencia de la crisis".

Hace siete meses el Gobierno aprobó un Código de Buenas Prácticas que la banca asumió y que tenía como objetivo evitar que las familias más vulnerables pierdan sus viviendas, pero el resultado no ha sido el esperado dado el elevado número de desahucios.

Los desahucios han provocado una fuerte controversia dentro y fuera de la Policía, cuyo sindicato SUP (Sindicato Unificado de Policía) dejó entrever el domingo que respaldará a los agentes que aleguen objeción de conciencia a la hora de expulsar de sus casas a familias que no pueden pagar la hipoteca.