El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, descartó hoy la posibilidad de negociar otro acuerdo salarial con los sectores de la Rama Judicial que desconocieron el pacto alcanzado esta semana para poner fin a casi un mes de huelga.

"Ese acuerdo es definitivo", notificó Santos desde Villa de Leyva, localidad del noreste a la que viajó el gobernante para encabezar su habitual reunión pública gubernamental de los sábados.

El jefe del Estado consideró que el Ejecutivo hizo un "enorme esfuerzo" para llegar a un consenso con la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial).

El Gobierno y esta organización sindical alcanzaron el pasado martes por la noche un acuerdo para poner fin a la huelga, que se inició el 11 de octubre último y a la que se adhirieron más de 45.000 trabajadores del sector, en demanda de una nivelación de salarios ordenada por una ley de hace veinte años.

El Consejo Superior de la Judicatura, órgano administrador del Poder Judicial, calculó que la huelga impidió realizar al día unas 1.500 audiencias y diligencias.

El documento fue firmado al día siguiente por las delegaciones de las partes, encabezadas por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, e implicaba la inmediata normalización de las actividades.

Pero un sector de funcionarios y empleados liderado por el también dirigente Nelson Cantillo desconoció el pacto, por no estar de acuerdo con los plazos del proceso de actualización salarial, y se mantiene en cese de actividades.

"Entren en razón, suspendan ese paro", los instó Santos, para quien "es muy bueno el acuerdo, (y) ese acuerdo es definitivo".

En el pacto, el Gobierno reconoció el derecho de los trabajadores judiciales a la nivelación salarial y se comprometió a cubrirla con una asignación inicial de 1,2 billones de pesos (660,43 millones de dólares), dentro de un proceso gradual que comenzará el año próximo e irá hasta 2018.

Además, también dispondrá a partir de 2014 de una suma adicional anual de 200.000 millones de pesos (110,07 millones de dólares) para cubrir la misma obligación.