Los irlandeses se pronuncian hoy en referéndum sobre una reforma de la Constitución encaminada a proteger al menor en un país donde miles de niños han sufrido en el pasado abusos en instituciones religiosas y estatales.

Algo más de tres millones de ciudadanos con derecho a voto deciden en esta consulta si otorgan al Estado más poder para intervenir en asuntos relacionados con la infancia o, por contra, lo limitan, tal y como piden sus detractores.

Los centros de votación de la República de Irlanda abrieron sus puertas a las 9.00 GMT y cerrarán a las 22.00 horas GMT, mientras que el recuento comenzará el domingo a las 9.00 GMT y el resultado definitivo podría anunciarse ese día a primera hora de la tarde.

La propuesta del Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael y los laboristas, cuya victoria se da por segura, cuenta con el apoyo de todos los partidos nacionales y de las principales asociaciones dedicadas al menor.

Solo una demanda privada interpuesta ante la Justicia irlandesa ha arrojado un resquicio de duda sobre el resultado final, después de que el Tribunal Supremo de Dublín aceptase este jueves los argumentos del ingeniero dublinés Mark McCrystal y calificase de "anticonstitucional" la actuación del Gobierno durante la precampaña.

Los cinco jueces que componen este tribunal determinaron que el Estado "actuó de forma ilegal" al usar dinero público, algo más de un millón de euros, para producir un folleto informativo que no era "justo, equitativo o imparcial".

Varios diputados independientes pidieron entonces que se retrase la celebración de este referéndum, pero dado que la Justicia optó por no pedir una prórroga, el Gobierno ha seguido adelante con la consulta popular.

En este sentido, el ministro irlandés de Justicia e Interior, Alan Shatter, recordó hoy que los argumentos para votar a favor continúan siendo "válidos" y que la reforma de la Carta Magna ofrece a la ciudadanía la oportunidad "contribuir positivamente" en la defensa de los derechos del menor.

"Para mucha gente que se ha indignado con los casos de abusos de niños, esta consulta ofrece una oportunidad para incluir en la Constitución reglas que mejorarán los mecanismos de protección del menor en el futuro", declaró el ministro.

En un país donde durante décadas ha habido miles de abusos de menores en instituciones religiosas y públicas, la propuesta del Ejecutivo de Dublín pretende, entre otras cuestiones, obligar a las autoridades a investigar casos de maltratos.

Durante la campaña, el Ejecutivo de Dublín ha destacado que la inclusión en la Carta Magna de una mención específica a los "derechos del menor" tiene como objetivo "proteger a los niños más vulnerables de abusos y abandono", sin que ello represente una "amenaza para las familias o los padres".

En el reducido bando del 'no' destaca la voz de la activista Kathy Sinnott, exdiputada europea, quien ha advertido de que el "verdadero objetivo" del Gobierno es "eliminar los derechos constitucionales reales del menor, de los padres y de las familias".

Según Sinnott, la nueva legislación servirá para "blindar" al Estado y "eximirle" de responsabilidades "penales y económicas" cuando sea denunciado ante la Justicia por "negligencias pasadas, presentes o futuras".

Por contra, los partidarios de esta propuesta han recordado que, hasta ahora, la Constitución irlandesa situaba la privacidad y autoridad de las familias por encima de los derechos del menor, lo que en algunos casos entorpecía la intervención del Estado en casos de abusos.

En caso de victoria del "sí", la Constitución reafirmará los derechos del menor y obligará al Estado, por ley y en "casos excepcionales", a asumir el papel de los padres, independientemente de que estén casados o no, según reza la propuesta que se somete a votación.

La Carta Magna irlandesa incluiría así en un nuevo artículo un requerimiento específico para que los tribunales tengan siempre en consideración cuando aborden este tipo de casos "los mejores intereses" y el "bienestar" del menor.

También pretende reformar la actual legislación sobre adopciones para que, por ejemplo, el Estado pueda permitir la adopción de "cualquier menor" cuyos padres -"estén casados o no"- no hayan "cumplido con sus obligaciones hacia el menor durante un periodo de tiempo" que deberá estar especificado en la legislación.

Asimismo, la nueva ley obligará al Estado a buscar padres adoptivos para los menores cuyos padres biológicos han decido ofrecerles en adopción voluntariamente, una situación que, hasta ahora, no estaba contemplada legalmente. Javier Aja