El Gobierno de Colombia confirmó que su embajador en Paraguay, Alberto Barrantes, regresará el domingo próximo al país suramericano, casi seis meses después de la crisis generada con la destitución en junio del presidente Fernando Lugo.

La Cancillería colombiana explicó que la decisión del retorno de Barrantes se debe a que el Ejecutivo en Bogotá busca "mantenerse informado de manera directa acerca de la situación actual del Paraguay y del proceso electoral que se adelanta en ese país de cara a las elecciones generales del 21 de abril de 2013".

El embajador "entrará en contacto con las autoridades, fuerzas políticas y diferentes sectores de la opinión pública paraguaya, a fin de que en los próximos días informe personalmente al Gobierno Nacional del desarrollo de los comicios que se avecinan en esa nación", agregó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La decisión del retorno del embajador colombiano a Asunción fue anunciada el pasado miércoles por el canciller paraguayo, José Félix Fernández Estigarriba.

Fernández explicó entonces que el regreso del diplomático colombiano respondía a "una decisión unilateral" que calificó de "positiva", al tiempo que se mostró confiado en que detrás de Barrantes lleguen más diplomáticos de América Latina antes de que finalice el año.

"Es el Gobierno de Colombia el que, terminadas las consultas a su embajador, ordena la vuelta de él a su funciones en Paraguay", explicó el canciller.

Con el regreso del funcionario colombiano a Paraguay se cierra la posibilidad de que el retorno de los embajadores de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que abandonaron Paraguay se diera en el marco de una decisión conjunta del grupo regional.

Esos diplomáticos regresaron a sus países tras la destitución del ya expresidente Lugo, después de un controvertido juicio político celebrado el 22 de junio pasado en el Congreso de Paraguay.

Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia y Perú retiraron o llamaron a consultas a sus embajadores tras la destitución de Lugo, una decisión que tanto la Unasur como el Mercosur calificaron en su momento como un "quiebre democrático".