La ONU y la Cámara de Diputados de la República Dominicana entregaron al presidente del país, Danilo Medina, un proyecto sobre seguridad alimentaria, ante los preocupantes datos sobre nutrición que registra el país, para que el mandatario promulgue una ley sobre el tema.

El objetivo de esta ley es fijar unos principios generales para la adopción de medidas encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, entre las que figurarían mecanismos de control de precios y producción, dijo hoy la representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Edith Rodríguez.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del año 2010, el 23 % de los adultos de la República Dominicana sufre subalimentación, mientras que el 10 % de los menores de cinco años padece malnutrición crónica, índice que llega al 26 % en provincias como Elías Piña (suroeste).

Además, el 7,8 % de las madres suministran solo leche materna a sus bebés y el 8 % de los menores de cinco años presenta obesidad.

Otros datos citados por la experta para ilustrar la preocupante situación alimentaria de la República Dominicana indican que el 32 % de las embarazadas y el 30,7 % de los menores de catorce años padecen anemia por déficit de micronutrientes.

La representante del PMA explicó en un encuentro con medios de comunicación internacionales que varias agencias de la ONU y la Cámara de Diputados han evaluado la situación nutricional del país y han elaborado un "mapa del hambre".

El trabajo les ha llevado a la conclusión de que es necesaria una ley sobre seguridad alimentaria, problema que afecta a amplias regiones del país.

El proyecto está en manos del presidente, quien deberá analizarlo y, si lo estima conveniente, llevarlo al Parlamento para su estudio, debate y tramitación.

En especial, las provincias situadas junto a la frontera con Haití y las que se encuentran junto a estas, son las más afectadas, por lo que son prioritarias actuaciones que permitan paliar este problema en ésas áreas.

Un caso específico citado por Rodríguez es el de la zona del Lago Enriquillo, en el suroeste, que en los últimos años ha subido de nivel y ha obligado a miles de familias a abandonar sus tierras y sus zonas de residencia y trabajo.

Se calcula que más de 80.000 personas en esta zona están en situación de inseguridad alimentaria, que afecta de manera especial a las mujeres y a los niños.

El PMA ha acudido al Fondo Humanitario de Naciones Unidas para solicitar planes de ayuda a los afectados en esa área por medio de fondos que permitan poner en marcha programas de "Trabajo por alimentos", agregó Rodríguez.