Un grupo de operadores de telefonía móvil y de telecomunicaciones en Colombia urgió hoy al Gobierno y al Congreso la adopción de una ley antimonopolio para la comunicación celular, que es dominada por la multinacional mexicana Claro.

La solicitud la formularon siete empresas transnacionales y nacionales, entre públicas y privadas, en un comunicado conjunto que divulgaron en la capital colombiana una semana después de que el Ejecutivo anticipara algunas medidas de control.

En la nota, el grupo de operadores resaltó que Claro ejerce el control de la telefonía móvil y que "la posición de dominio que ostenta les ha generado pérdidas a los usuarios por 2.565 millones de dólares".

La cifra se corresponde con cálculos de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), un centro de estudios privado, en una reciente investigación sobre el sector.

Los registros oficiales indican que Claro, de propiedad del magnate Carlos Slim, tiene una participación del 61,5 por ciento del mercado de la telefonía móvil, que tiene como competidores minoritarios a los operadores Movistar (español), Tigo (luxemburgués) y UNE (público colombiano).

"Los colombianos hemos tenido que pagar tarifas que en un mercado de mayor competencia habrían sido más bajas", aseguraron las compañías del grupo que suscribió el comunicado.

Este grupo lo conforman la también mexicana Azteca Comunicaciones, la estadounidense Direct Tv y las colombianas Avantel (privada) y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB, pública), además de Movistar, Tigo y UNE.

Según este grupo de operadores, "las medidas que se han pretendido adoptar en el sector para promover la competencia han sido insuficientes o no han podido aplicarse de manera efectiva, lo que ha contribuido al aumento de la concentración del mercado por parte de Claro, en perjuicio de todos los colombianos".

"Por ello es importante avanzar en medidas legislativas y regulatorias, dado que los problemas estructurales, requieren soluciones estructurales", agregaron los mismos operadores.

En consecuencia, urgieron la aprobación de un proyecto de ley de origen parlamentario que busca establecer "topes de participaciones de mercado, para promover la competencia en el sector de telecomunicaciones".

También es urgente que "el Gobierno nacional, a través de las autoridades correspondientes, adopte y aplique las medidas regulatorias idóneas", agregaron los siete operadores.