La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó hoy que un proyecto de ley en República Dominicana que eleva a la difamación e injuria a delito penal, constituiría un "grave retroceso" para la libertad de expresión en esa nación caribeña si es sancionado.

El proyecto incluye reformas al código penal y una de ellas castiga con cárcel y multas las "expresiones eventualmente ofensivas contra el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República".

"Esta disposición que ya aprobó, en primera lectura, la Cámara de Diputados, eleva a la difamación e injuria al rango de delito penal, cuando toda la jurisprudencia producida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos va en la dirección exactamente opuesta", advirtió el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo que si el Congreso dominicano sanciona definitivamente esta reforma, "sentará un precedente enormemente negativo, no sólo para ese país, sino para toda la región".

La SIP explicó que el artículo 191 del proyecto de ley establece que es injuria el manifestar "públicamente a otra persona, física o moral, cualquier expresión de afrenta, invectiva o que encierre termino de desprecio".

Ello, según esa organización, significa "otra contravención a la doctrina proclamada por los países miembros de la OEA que favorece la despenalización de los delitos de palabra o contra el honor".

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, declaró que "condenar a prisión a un periodista constituye una violación a la libertad de información y al derecho que tienen los ciudadanos a ser y estar informados".

La prensa dominicana reaccionó frente a este intento de los legisladores por entender que sanciones de esta naturaleza buscan inhibir a los periodistas para expresarse sobre las principales figuras públicas y reducir la capacidad de crítica de la prensa hacia el Gobierno, indicó la SIP.

Se considera que, además, la propuesta legislativa viola la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al imponer un régimen de "lesa majestad", "ley mordaza" o "ley de desacato",

"Y es asimilable a un régimen de 'censura previa' para el tratamiento de asuntos relacionados directamente con los principales gobernantes", añadió.

Paolillo dijo que esperan que los parlamentarios "que tienen este gravísimo asunto en sus manos honren la democracia dominicana, reflexionen y abandonen la idea de castigar con cárcel y multas a los periodistas o ciudadanos críticos de los gobernantes".