El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, César Robalino, pronosticó hoy que en 2013 el sector no tendrá beneficios reales, una vez descontada la inflación, si la Legislatura aprueba un proyecto de ley para elevar los gravámenes.

La Asociación prevé que la banca privada registre beneficios de unos 300 millones de dólares este año, lo que supone una rentabilidad del 12 %, explicó Robalino.

No obstante, según sus cálculos, esa rentabilidad se reduciría a un 5% el próximo año con la aplicación de los nuevos impuestos, lo que sería similar a la inflación prevista, con lo que el lucro real sería nulo.

"Es una cuasi confiscación de las utilidades", afirmó Robalino en un encuentro con la prensa.

Con la propuesta, que se debate hoy en la Asamblea Nacional, el Gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, espera recaudar unos 164 millones de dólares adicionales de la banca privada.

El Estado aportaría otros 140 millones para conjuntamente con los nuevos impuestos elevar de 35 a 50 dólares el llamado Bono de Desarrollo Humano (BDH), que reciben mensualmente 1,2 millones de personas pobres en Ecuador.

Correa dijo ayer en una entrevista televisiva que a los banqueros "les va recontrabien", defendió "socializar las ganancias" del sector y recordó que en 1999, durante una profunda crisis financiera en Ecuador, "se socializaron las pérdidas" con la nacionalización de bancos quebrados.

En cambio, Robalino afirmó hoy que el proyecto de ley viola la Constitución y tendrá efectos perjudiciales sobre la economía.

En 2011 el sector tuvo beneficios netos de 395 millones de dólares, de los cuales un 28 % se repartieron como dividendos a los accionistas y el 72 % agrandó el patrimonio de las entidades.

Robalino dijo que el proyecto de ley restringirá el crecimiento del patrimonio, que la banca usa para respaldar sus préstamos.

"Con la aprobación de la ley el crédito se va a, obviamente, estancar", dijo en el encuentro Marcos López, un analista económico invitado por la Asociación.

El proyecto contempla el cobro del 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios financieros, que actualmente están exonerados de su pago.

El Gobierno asevera que las medidas reducirán los beneficios de la banca, pero no afectarán a sus clientes, ya que impedirá que las entidades traspasen a los usuarios el costo del IVA.

El proyecto también da potestad a la Junta Bancaria, una entidad estatal, para poner techo a los "megasueldos" de los directivos de los bancos, como los ha calificado el Gobierno.

Asimismo, amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos y prevé una multa de entre 29.200 y 73.000 dólares para las instituciones financieras que no entreguen los datos requeridos.

Además, elimina la posibilidad de que la banca privada reduzca sus pagos por concepto de impuesto a la renta al reinvertir sus ganancias.

El proyecto también impone una tasa del 3 % sobre los ingresos gravables de los bancos y sube del 0,08 % a un 0,25 % mensual el impuesto sobre los fondos depositados en el exterior, un porcentaje que se eleva a un 0,35 % mensual si están en paraísos fiscales.

Dado que el proyecto de ley tiene carácter económico urgente, la Asamblea Nacional cuenta con tan solo un mes para rechazarlo o aprobarlo como está, o con modificaciones.

Si los legisladores no se ponen de acuerdo en ese plazo entrará en vigencia de forma automática.