La defensa del húngaro Elöd Tóásó ha pedido a un tribunal que le permita defenderse en libertad si no se le concede la extinción del juicio en su contra por un supuesto complot para asesinar en 2009 al presidente de Bolivia, Evo Morales, informó hoy uno de los abogados del extranjero, Sergio Rivera.

El defensor informó a Efe que ha argumentado ante el juez que organismos de Naciones Unidas que analizaron el caso han pedido que Tóásó se defienda en libertad, porque se encuentra detenido desde abril de 2009 sin tener una sentencia en firme.

El Código de Procedimiento Penal establece una duración máxima de tres años para todo proceso desde el primer acto en un caso, y la reclusión del húngaro ha rebasado ya el plazo en varios meses.

El mismo argumento ha sido utilizado por la defensa de Tóásó para pedir la extinción de la denuncia en su contra, pero añadió que si eso no se acepta "por lo menos que se le deje defenderse en libertad", dijo Rivera.

Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic, que también está acusado por el mismo caso, están recluidos desde abril de 2009 en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, donde hoy fueron vistos durante una visita de Efe y otro medios al lugar.

Tóásó solo habla húngaro y no pudo comunicarse con la prensa, que visitó el lugar para conocer las condiciones de hacinamiento en que están los reclusos y las obras que pagan de su propio bolsillo para construir celdas colectivas en San Pedro.

El húngaro y el croata fueron capturados en un hotel de la ciudad oriental de Santa Cruz, donde irrumpió la policía en un operativo en el murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

Según el Gobierno, los cinco formaron una célula terrorista que pretendía asesinar en 2009 a Morales y apoyar la secesión territorial del departamento de Santa Cruz, entonces sede de un fuerte movimiento autonomista opositor al gobernante.

El juicio por este caso tiene 39 imputados, de los que unos veinte están sometidos al juicio para defenderse pero han negado su implicación en la supuesta trama, y el resto se fugó del país con el argumento de que no hay garantías para un proceso justo e imparcial.

Los acusados han sostenido que la denuncia fue parte de un plan montado por el Gobierno para desacreditar al movimiento autonomista.

El juicio a cargo de un tribunal encabezado por el juicio Sixto Fernández está ahora en una pausa y volverá a reanudarse el próximo 26 de noviembre en la ciudad sureña de Tarija, después de haber pasado por La Paz, Cochabamba y el pueblo de Yacuiba.

Los acusados piden insistentemente que el caso resida en la ciudad de Santa Cruz porque allí fue donde ocurrieron los hechos en 2009, pero el juez ha rechazado esa solicitud con el argumento de que los fiscales del caso supuestamente sufrieron amenazas allá.