Venezuela y Nicaragua criticaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarse a ampliar su "lista negra" del continente en derechos humanos, para que abarque a todos los Estados y no sólo a una selección.

Junto a Ecuador, esos países fueron los más críticos durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada para analizar la respuesta que la CIDH emitió el pasado 24 de octubre sobre las recomendaciones para su propia reforma que ha aprobado el organismo.

"La CIDH se ha extralimitado en sus funciones y se ha aprovechado de los vacíos normativos del sistema de derechos humanos", dijo la representante alterna de Venezuela ante la OEA, Carmen Velásquez.

Sus críticas se centraron en el capítulo IV del informe anual de la CIDH, conocido popularmente como su "lista negra" y que señala a los países del continente que no cumplen en derechos humanos.

En los últimos años, Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras han integrado ese capítulo, que la CIDH se niega a ampliar para que abarque a todos los Estados miembros de la OEA, como pide una de las recomendaciones.

"El capítulo IV del informe anual se usa para hacer señalamientos públicos con alcance político", aseguró Velásquez.

La representante venezolana pidió directamente que ese apartado "se elimine" del informe anual, porque "en lugar de contribuir, ha servido para desacreditar a los Estados y favorecer intereses políticos, con criterios absolutamente discrecionales que, por tanto, carecen de autoridad jurídica alguna".

Denis Moncada, representante de Nicaragua, aseguró no saber "en qué parte de la Convención Interamericana se sustenta el capítulo IV" y consideró que "los criterios que lo sustentan son esencialmente políticos y subjetivos", y "traen más problemas que soluciones".

Andrés González, representante de Colombia, un país señalado en los últimos años en este capítulo, opinó en cambio que es "importante revisar integralmente la situación en todo el hemisferio", pero que el hecho de destacar a algunos Estados se hace "con el fin de que mejoren los derechos humanos en ese país".

Por su parte, la representante ecuatoriana, María Isabel Salvador, consideró que, en la respuesta de la CIDH, muchas de las "acuciantes preocupaciones planteadas por los Estados han sido vistas de manera superficial" y subrayó que la comisión no debe usar la falta de fondos "como motivo para no considerar las propuestas".

Estados Unidos, a través de su representante Carmen Lomellín, respaldó la decisión de la CIDH en cuanto al capítulo IV, que "debe seguir centrándose en los países de mayor preocupación", y criticó las propuestas de limitar la financiación externa.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, consideró la propuesta de la CIDH un "buen comienzo" y pidió a los Estados miembros aumentar sus fondos a la comisión.

El presidente de la comisión, el mexicano José de Jesús Orozco, pidió "duplicar el presupuesto de la CIDH" en los próximos cinco años para enfrentar la "titánica" cantidad de denuncias que recibe.

Aunque las recomendaciones de la OEA para la reforma de la CIDH no eran vinculantes, los cancilleres reunidos en la Asamblea General de junio en Cochabamba (Bolivia) decidieron que la institución sometiera sus decisiones al escrutinio del Consejo Permanente.

Ese órgano deberá entonces formular propuestas para lograr la "implementación efectiva" de las recomendaciones, las cuales tendrán que ser aprobadas en una Asamblea General extraordinaria en el primer trimestre de 2013, según lo acordado en Cochabamba.