La deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies son algunos de los principales delitos ambientales que ocurren en toda América Latina, para cuyo combate más efectivo se unieron fiscales de la región en un congreso iniciado hoy en Quito.

El IV Congreso Latinoamericano de Ministerios Públicos Ambientales aspira a ser un foro para compartir experiencias "emblemáticas" y fomentar la colaboración entre países, explicó a Efe Rolando del Pozo Vallejo, asesor de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, que organizó el encuentro.

En el encuentro, que durará hasta el viernes, participan 55 fiscales de 18 naciones de la región, así como de Francia y España.

En América Latina "hay mucha disparidad institucional" respecto a los delitos ambientales, tanto a nivel de la estructura judicial como de la legislación, dijo a Efe la brasileña Silvia Cappelli, coordinadora de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales.

Indicó que algunos países como Brasil, Perú y Ecuador tienen fiscalías especializadas, pero otros no.

"Nuestro reto es capacitar a las Fiscalías, porque la Fiscalía tiene un papel muy importante en la defensa del medio ambiente", afirmó.

También hay grandes diferencias respecto a las sanciones, indicó Cappelli, que explicó que en Brasil, por ejemplo, la vía penal es débil, ya que la condena máxima es a cuatro años de cárcel, por lo que la Fiscalía de ese país emplea principalmente acciones civiles contra los infractores.

Pese a la diversidad jurídica, los países latinoamericanos se enfrentan a los mismos retos ambientales, como la tala, la minería, la pesca, la caza y las fumigaciones ilegales, los cuales a veces tienen efectos en las naciones vecinas.

Esa es una razón más para la colaboración judicial, según los participantes en el congreso.