El Parlamento uruguayo aprobó hoy una ley para endurecer las penas a los traficantes de pasta base de cocaína como parte de un plan diseñado por el Gobierno para combatir la delincuencia que vive el país.

La nueva norma establece una pena mínima de dos y hasta tres años no excarcelables para los hallados culpables de ese delito, lo que implica que deberán pasar todo el tiempo de su condena en prisión.

Según informa la prensa local, esta medida convierte al tráfico de pasta base en un delito más severamente penado que el homicidio simple, ya que éste se pena con 20 meses de prisión pero se permite la excarcelación del condenado en menos de ese tiempo.

La norma establece también penas alternativas para los delincuentes primarios, que para que no les sean aplicadas estas condenas en su totalidad deberán haber sido apresados vendiendo poca cantidad de droga y nunca haberla vendido a menores.

Por el contrario, se considerará un agravante si el que comete el delito es policía, militar, legislador, ministro o subsecretario del Poder Ejecutivo, magistrado, actuario o alguacil del Poder Judicial, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio Público y Fiscal, funcionario de la Dirección General Impositiva o de la Dirección Nacional de Aduanas.

Esta medida es la primera de las quince que el Gobierno anunció el pasado mes de junio que forman parte del programa "Por la vida y la convivencia", destinado a combatir el alza de la criminalidad en el país, una situación considerada por muchos como la mayor preocupación que golpea a los uruguayos.

Precisamente una de esas medidas que desató una enorme polémica dentro y fuera del país y que se está debatiendo en el Parlamento uruguayo es la legalización de la compraventa de marihuana y hacer del Estado el único proveedor legal, con lo que se busca alejar a los consumidores de los centros de venta de drogas más duras como la pasta base y quebrar un negocio que permite a los narcotraficantes obtener enormes beneficios.