La Fiscalía de Paraguay rechazó hoy un pedido de recusación planteado contra el fiscal Jalil Rachid, encargado de la causa por la matanza entre campesinos y policías que devino en la destitución del presidente Fernando Lugo, informaron a Efe fuentes de la defensa.

El fiscal Alejo Vera rechazó la recusación planteada la semana pasada contra Rachid por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), que ha asumido la defensa de una docena de los 15 campesinos detenidos.

Los defensores pidieron la recusación basándose en la "amistad manifiesta" entre las familias del fiscal y la del fallecido Blas N. Riquelme, propietario de la finca donde ocurrió la matanza.

El padre del Rachid, Bader Rachid, y Riquelme fueron presidentes y senadores del Partido Colorado y además el fiscal tuvo una relación sentimental con una sobrina-nieta del empresario.

Los defensores adujeron también la "violación de normas que garantizan el proceso" por parte de Rachid, pues ha "prejuzgado la situación, habla de los campesinos como invasores y rehúsa abrir otras líneas de investigación" planteadas, explicó a Efe el letrado español Aitor Martínez, que asesora al equipo defensor paraguayo.

Según Martínez, el fiscal Vera aún no ha entregado copia de su argumentación, pero hoy negó a la prensa que haya lazos de amistad o parentesco que ameriten la recusación y eludió responder a la violación de normas procesales.

Añadió que decidirán nuevas acciones cuando reciban la respuesta oficial de la Fiscalía.

Seis policías y once campesinos fallecieron el 16 de junio en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca de Curuguaty (nordeste) cuya propiedad se disputaban el Estado y el empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme.

Según el fiscal, el presunto instigador del tiroteo fue el líder campesino Rubén Villalba, detenido el pasado 27 de septiembre y cuya defensa también ha quedado en manos de la PEICC.

En su informe final tras la investigación, Rachid concluyó que los campesinos comenzaron el tiroteo con sus escopetas y descartó versiones, que él mismo había manejado tras la matanza, según las cuales hubo intervención de tiradores de armas automáticas.

El 8 de octubre pasado el equipo defensor presentó varias denuncias ante el fiscal para demandarle que investigara si los organismos de seguridad cometieron durante el desalojo delitos como omisión de auxilio, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Los letrados argumentan que la Fiscalía ha obviado varias líneas de investigación, entre ellas el empleo de las armas automáticas, y denuncian la posible ocultación de pruebas, como los casquillos de ese armamento recolectados en el lugar por los vecinos al día siguiente de la masacre, y entregados a Rachid.

Los campesinos están acusados de los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros.