El Gobierno de México defendió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los militares continúen en las tareas de seguridad, pese a las quejas de que esto ha debilitado a las instituciones a cargo de la protección pública.

"Nuestro país no se encuentra en situación ideal" pero las tareas de seguridad se realizan con "estricto apego a los derechos humanos", aseguró el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Max Alberto Diener Sala, durante una audiencia de la CIDH en Washington.

La participación del Ejército en las tareas de seguridad pública "tiene fundamento constitucional", ha contribuido a "detenciones de importantes narcotraficantes", es temporal y se realiza en paralelo al fortalecimiento de las instituciones, explicó.

Al insistir en que los militares están sujetos a las autoridades civiles y que la seguridad pública y el estado de derecho están "vinculados indisolublemente", Diener Sala agregó que si hay casos de abusos "son de naturaleza aislada".

Sin embargo, no precisó las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de México para, por un lado, prevenir abusos por parte de las fuerzas del orden y, por otro, fortalecer a la policía y las autoridades civiles para que eventualmente asuman las tareas de seguridad ciudadana.

Durante la audiencia, el obispo Raúl Vera López, de la diócesis de Saltillo, en el estado Coahuila, resumió las quejas de los peticionarios que hoy acudieron a la CIDH para denunciar casos de impunidad y violaciones de los derechos humanos en ese país y que, a su juicio, son resultado de la militarización de la lucha antidrogas.

Desde el despliegue de unos 50.000 efectivos del Ejército en 2007 para asumir las labores de seguridad pública, ha aumentado el deterioro de los derechos humanos, argumentó Vera López.

"Los militares se llevan a la gente, la tienen detenida... son cosas tremendas las que están pasando en el país" porque los militares "disparan (contra la gente) como si fueran enemigos", señaló el religioso.

Según Vera López, con la "excusa" de exterminar al narcotráfico lo que hay es "un control de la población, un tenernos bajo amenaza y realmente no se está atacando" a los narcotraficantes.

Los peticionarios presentaron sus quejas en un documento en el que, por ejemplo, exigieron que el Gobierno de México investigue la masacre y el "despliegue excesivo de la fuerza armada" en la comunidad indígena de El Charco, en el estado de Guerrero.

"El número de denuncias señaladas por los peticionarios, según esas denuncias, se contradice en el orden, seguridad y paz de los ciudadanos y más bien indican que la presencia de los militares ha debilitado la institucionalidad a cargo de la seguridad" pública, dijo la Relatora para la Niñez de la CIDH, Rosa María Ortiz.

La CIDH tiene previsto realizar otra audiencia para escuchar quejas por casos de violencia, discriminación y "limpieza social" que realiza la Policía Municipal en la fronteriza Ciudad Juárez.