Las protestas en reclamo de tierras de los campesinos, algunos de los cuales permanecen encadenados a árboles frente al Congreso, se intensificaron el jueves cuando el gobierno del presidente paraguayo Federico Franco admitió que no podrá responder a sus demandas.

Miles de labriegos comenzaron a movilizarse en el interior del país en demanda de alimentos al tiempo que el director del estatal Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), Luis Ortigoza, sostuvo en conferencia de prensa que "el 1 de octubre se cerró el periodo de licitación pública para que propietarios de tierras presentaran su oferta de venta al Estado en el norteño departamento de Canindeyú, pero nadie ofertó nada".

El funcionario agregó que para la reforma agraria en el departamento Alto Paraná, al este de Asunción, "tampoco nadie informó a través de documentaciones su intención de venta pero en este caso esperaremos hasta el martes por si haya alguien que quiera hacerla".

Federico Ayala, líder de la organización Santa Lucía del distrito Ñacunday en Alto Paraná, advirtió el jueves al gobierno en entrevista con The Associated Press que "el presidente Franco sí o sí debe darnos tierras porque así lo prometió luego de la destitución del presidente Fernando Lugo en junio".

Agregó que "hasta el martes próximo esperaremos y si no hay respuesta positiva ese día, invadiremos las oficinas del Indert como medida de protesta por incumplimiento de promesa".

Según distintas estimaciones, hay entre 74.000 y 300.000 campesinos sin tierras en Paraguay. Hacia 1870 el país comenzó a vender tierras para pagar una onerosa deuda dejada por una guerra. La venta de tierras se intensificó con la llegada al poder del general Alfredo Stroessner, quien gobernó entre 1954 y 1989.

Lugo prometió una reforma agraria pero perdió varias batallas en el Congreso para ampliar el presupuesto, lo que le habría permitido adquirir las tierras. Durante su gestión, por ejemplo, el Congreso aprobó el impuesto a las ganancias pero demoró su implementación hasta 2013. Sin recursos para adquirirlas y ante la falta de privados dispuestos a vender parte de sus haciendas, la prometida reforma agraria quedó suspendida.

Ayala indicó que 2.600 personas de su organización continúan acampadas frente a cultivos de soja en Ñacunday propiedad del empresario brasileño-paraguayo Tranquilo Favero quien, presuntamente, se beneficia con un excedente de tierra fiscal de 15.000 hectáreas.

La Coordinadora de Organizaciones Campesinas, de izquierda y la más grande de su tipo en el país, informó a la AP que comenzó a movilizar a miles de labriegos en los departamentos de Caazapá y Misiones para reclamar al gobierno la entrega de alimentos para familias en condiciones de pobreza extrema y el subsidio a la pobreza de unos 65 dólares mensuales.

"Familias de paraguayos y de comunidades indígenas no reciben el subsidio del gobierno de Franco desde hace unos cuatro meses", se quejó la Coordinadora.

El cacique Sindulfo Miranda de la aldea Cheiro, de la etnia Mbya Guaraní, relató a la AP la realidad de la vida indígena: "estamos cien personas en un terreno de 30 hectáreas en el departamento de Caaguazú pero como el gobierno no nos ayuda, salvo las vacunaciones que realizan las enfermeras del hospital, una parte de nuestra propiedad la alquilamos a colonos menonitas para el cultivo de avena y soja".