La organización Amnistía Internacional publicó hoy un artículo, a pocos días de la elección presidencial estadounidense, en el que recuerda que EE.UU. tiene asuntos pendientes en materia de derechos humanos, como Guantánamo, donde todavía quedan 150 presos en espera de juicio tras más de una década.

Musa'ab Omar al Madhwani, de 32 años, ha pasado un tercio de su vida bajo custodia estadounidense, siendo "como mucho" una figura de bajo perfil de Al Qaeda que "nunca disparó un arma en combate", y continúa a la espera.

Su historia forma parte del artículo publicado hoy con el que la organización humanitaria quiere recordar que "las detenciones de Guantánamo y la responsabilidad por la violación de los derechos humanos en el contexto de la lucha antiterrorista son dos de esos asuntos pendientes", según dijo a Efe, Rob Freer, investigador de AI.

Al Madhwani fue detenido por las autoridades pakistaníes el 11 de septiembre de 2002 en su apartamento de Karachi. Le vendaron los ojos, fue atado, golpeado con un rifle y amenazado de muerte, según Freer.

Cinco días después fue entregado a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y trasladado a Afganistán, donde pasó cerca de un mes en unas instalaciones secretas regentadas por militares estadounidenses en Kabul o cerca de la capital afgana, de acuerdo con AI.

El tiempo que permaneció allí fue torturado y maltratado con otro tipo de técnicas, como no permitirle dormir, obligarle a estar de pie durante muchas horas o empaparle con agua fría.

En octubre de 2002, Al Madhwani fue enviado a Guantánamo, después de otros cinco días de "detención ilegal" en la base aérea de Bagram "donde fue sometido a más abusos".

EE.UU. acusa a Al Madhwani de haber viajado a Afganistán para recibir entrenamiento en un campamento militar de Al Qaeda pero "más de diez años después de ser arrestado no ha sido acusado de ningún delito por el Gobierno de EE.UU., que reivindica el derecho de retenerlo indefinidamente en nombre de la 'guerra' global contra Al Qaeda y sus grupos asociados", según denuncia AI.

En los 11 años desde que fue abierto el penal militar situado en la base naval de Guantánamo (Cuba) han pasado por él 779 detenidos, de los que al menos 12 eran menores de 18 años cuando fueron arrestados.

El activista de AI aseguró que su organización continuará mostrando casos como el de Al Madhwani porque se trata de individuos a los que "se les ha negado sus derechos fundamentales" y Estados Unidos "está fallando en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos".

AI señala que la "crueldad" de la detención indefinida la encarnan los 9 detenidos que han muerto bajo custodia estadounidense en Guantánamo, seis se suicidaron y tres fallecieron por causas naturales.

Si bien Guantánamo estuvo muy presente en la campaña de 2008, con la promesa del entonces candidato Barack Obama de que cerraría el penal, en ésta apenas se ha pasado de puntillas, aunque, según Freer, "hablar no es suficiente".

En su segundo día en el Gobierno, Obama firmó en enero de 2009 una orden ejecutiva para cerrar en el plazo de un año Guantánamo, un periodo que "pasó hace tiempo", como recuerda Freer, lo que ha prolongado un "limbo legal" en el que los detenidos pueden permanecer indefinidamente sin cargos y "sin indicaciones de que vayan a ser sometidos a un juicio justo, o liberados".

Para el activista es una cuestión de "voluntad política", ya que ese mismo año Obama anunció que cinco detenidos por los ataques del 11 de septiembre de 2001 serían juzgados en un tribunal federal en EE.UU., y sin embargo ahora van a ser juzgados por una comisión militar.

"Esto no es por un requerimiento legal, sino por política interna de EE.UU.", dijo Freer, quien aseguró que podrían haber sido juzgados en una corte federal "y todavía pueden", ya que para AI las comisiones "no cumplen con las medidas internacionales de juicios justos".

En su opinión, "se necesita la acción de todas las ramas del Gobierno para resolver la situación, siguiendo los principios internacionales".

En cuanto a los intentos de jueces de otros países, como el español Baltasar Garzón, de juzgar los casos de tortura contra estos prisioneros, Freer señaló que EE.UU. "ha fallado en su obligación legal internacional de asegurar la plena rendición de cuentas por tortura, desaparición y violación de los derechos humanos".

En este sentido, señaló que su organización seguirá presionando para que EE.UU. "haga lo correcto", pero, mientras, "otros países pueden y deben llevar a cabo investigaciones".