Un juez ordenó hoy la reclusión en prisión de tres personas imputadas por quemar al periodista boliviano Fernando Vidal y a su operadora Karen Anze cuando dirigían un programa de radio en el pueblo de Yacuiba, fronterizo con Argentina.

El juez Fabián Gareca tomó esa decisión luego de que los fiscales imputaran a los acusados, de 21, 25 y 26 años, por los delitos de intento de homicidio y allanamiento, indicó a Efe el periodista de la radio Popular Esteban Farfán, que también es yerno de Vidal.

Según Farfán, se trata de delincuentes comunes con antecedentes penales y libertad condicional que, en su criterio, han recibido órdenes de un autor intelectual para cometer el crimen.

El lunes, cuatro personas con el rostro cubierto irrumpieron de forma violenta en la sede de la pequeña emisora, hicieron disparos, derramaron gasolina sobre Vidal y en los equipos y les prendieron fuego causando también quemaduras a Anze.

"Sin duda estas personas no han actuado por sí solas. Hay actores intelectuales y los actores intelectuales son políticos porque don Fernando afectaba intereses políticos", sostuvo Farfán.

El periodista replicó de esa forma al ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, quien en una rueda de prensa horas antes en el Palacio presidencial, dijo que se han descartado los móviles políticos en este hecho criminal.

Romero agregó que se fortalecen otras hipótesis que tienen que ver con las denuncias que ha hecho el medio de comunicación sobre irregularidades en la zona fronteriza vinculadas al contrabando.

"Esa es la hipótesis principal que estamos manejando en función de nuevos elementos de investigación", sostuvo Romero.

Farfán pidió que no se descarte el móvil político que apunta a sectores regionales que "son aliados" del Gobierno y consideró que ellos sí buscaban acallar a Vidal, más que otros como los contrabandistas que operan en la frontera con Argentina.

La Policía detuvo también hoy a otro sospechoso de haber participado en el brutal atentado que ha conmocionado e indignado a las asociaciones de medios, periodistas, al Gobierno y oposición.

También han condenado el crimen la Sociedad Interamericana de Prensa, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.