Cerca de 2,4 millones de puertorriqueños, acuciados por la crisis y la criminalidad que sufre la isla, están convocados a las urnas el 6 de noviembre para elegir gobernador, unas elecciones que coinciden con una consulta sobre el estatus político de la isla.

El actual gobernador Luis Fortuño, partidario de la anexión a Estados Unidos, y el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, que apuesta por perpetuar el estatus colonial, son los únicos con posibilidades de ganar de una lista de seis candidatos.

La consulta, en la que también se elige representante ante Washington, legisladores y alcaldes, llega en medio de una profunda crisis económica que dura más de cinco años y con una criminalidad en alza ligada al narcotráfico que dejó más de mil muertos en 2011.

Fortuño, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), pide continuidad para su proyecto y ha tratado en los últimos meses de presentar un escenario de recuperación económica que no confirman las estadísticas.

El gobernador, que heredó un déficit fiscal de 3.200 millones de dólares de la anterior Administración, subraya que el despido de decenas de miles de empleados públicos fue un mal necesario del que se recogerán frutos.

Asegura que la economía de la isla creció en el último ejercicio fiscal por vez primera desde hace seis años, que se evitó la bancarrota y se ha detenido la degradación de la deuda de la isla.

García Padilla responde que durante la mayor parte de la legislatura el desempleo superó el 15 % -5 puntos más que cuando Fortuño llegó al poder-, a lo que contribuyó el despido de 30.000 funcionarios, que se crearon 19 nuevos impuestos y se han acumulado 16.000 millones de dólares de deuda.

Para combatir ese panorama propone un programa electoral que incluye la creación de 50.000 nuevos empleos en los próximos 18 meses con el apoyo de incentivos a las empresas, ayudas a la exportación de productos puertorriqueños y la mejora de la cualificación de los trabajadores.

El ganador de las elecciones se enfrentará a una economía estancada con un Producto Interior Bruto de 98.000 millones de dólares, el noveno más alto de todos los países latinoamericanos, y una renta per cápita de 26.588 dólares, la más elevada de toda Latinoamérica.

La baja población activa, una de las más reducidas del mundo, será uno de los retos del nuevo gobernador para una isla de poco más de 3,7 millones de habitantes con la riqueza mal repartida en la que más de 600.000 familias reciben ayudas para alimentación por bajos ingresos.

La criminalidad sigue a la economía entre las preocupaciones de la población de un territorio que vio en 2011 como fueron asesinadas 1.130 personas, el peor dato desde que existen registros estadísticos en la década de los cuarenta.

Washington justifica el incremento de la criminalidad por el auge de la ruta caribeña para introducir droga en Estados Unidos, que ha convertido a Puerto Rico en la puerta utilizada por los narcotraficantes para colocar su mercancía en el país norteamericano.

La cocaína que se queda en la isla para consumo local es la causa de que las mafias se disputen a punta de pistola el control de los puntos de venta de droga y de un reguero de casi diez muertos cada fin de semana.

Fortuño, que durante su mandato llegó a sacar a la militarizada Guardia Nacional a patrullar las calles, ha vendido durante su campaña la ayuda conseguida de Washington para atajar el problema.

García Padilla dice que a diferencia de lo que se ha hecho durante los últimos años la presión policial no debe centrarse en los barrios pobres de la isla, sino en los controles de la frontera, donde propone reforzar las medidas de seguridad.

Las encuestas difundidas en las últimas semanas muestran un empate técnico entre Fortuño y García Padilla y nulas posibilidades para los otros cuatro candidatos, entre los que Juan Dalmau, el líder independentista que quiere romper lazos con Estados Unidos, es el único que supera la expectativa del 1 %.

La cita del día 6 sigue a la del pasado 19 de agosto, consulta en la que se preguntó a los puertorriqueños sobre la limitación del derecho de fianza en ciertos casos de asesinato y la reducción del tamaño de la Asamblea Legislativa.

Ambas propuestas, impulsadas por Fortuño, fueron rechazadas por estrecho margen, resultado que los analistas locales interpretaron como termómetro de lo que puede pasar el día 6 de noviembre.