El presidente Rafael Correa ha usado a menudo la presidencia para criticar a los banqueros y tildarlos de ser los avaros responsables de llevar a Ecuador y al resto del mundo al borde del colapso económico.

Ahora quiere destinar una mayor parte de sus ganancias a los pobres del país.

A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, Correa ha solicitado a la Asamblea Nacional que apruebe una modificación del sistema tributario a los bancos a fin de financiar parcialmente el aumento de los subsidios mensuales a madres solteras, ancianos necesitados y a los ecuatorianos más pobres.

Fiel a su postura que él define como cristiano de izquierda, "esos que ganan demasiado tendrán que dar más a los pobres de este país", dijo Correa, que tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Illinois, en su programa radial y televisivo de los sábados. "Ha llegado la hora de redistribuir esas ganancias". Según el mandatario, las medidas recaudarían entre 200 millones y 300 millones de dólares anuales adicionales.

Bajo el plan de Correa se aumentarían los impuestos a los activos bancarios en el extranjero y a los servicios financieros. Las ganancias se usarían para aumentar subsidios a los necesitados. El presidente afirmó que la medida aumentaría la ayuda mensual de 35 a 50 dólares que reciben 1,2 millones de ecuatorianos de una población total de unos 15 millones.

También dijo que "podría ser utilizado para otras actividades de redistribución de riqueza", aunque no ofreció más detalles.

Correa fue directo al grano al decir que la medida afectará a conocidos banqueros como "los Pachano (Produbanco), los Egas (Banco Pichincha) y los Lasso (Banco de Guayaquil)... mi compromiso es con los más pobres". Hace un par de semanas había advertido que si algún banquero no aceptaba su decisión, el Estado le podría comprar el banco.

La iniciativa, irónicamente, no fue obra del mandatario ecuatoriano sino que surgió como respuesta a una propuesta del que se espera sea su principal rival en las elecciones presidenciales de febrero de 2013: el ex banquero Guillermo Lasso, de 57 años.

Lasso había dicho que de ser elegido, aumentaría los subsidios que reciben 1,2 millones de ecuatorianos de $35 dólares a $50 al mes.

La medida está virtualmente aprobada porque Correa la presentó como un proyecto de ley de emergencia, lo que significa que se convierte en ley automáticamente en 30 días si los opositores del Presidente en el Congreso no tienen los votos para rechazar la propuesta.

El plan de Lasso no contemplaba gravar más a la banca ecuatoriana, que ya está muy regulada.

"Me siento satisfecho de haberlo logrado (subir el bono) aún sin ganar las elecciones", dijo Lasso, quien cree que aumentar los impuestos para incrementar el subsidio "no es el camino correcto, porque con ello se están creando más obstáculos para los emprendedores, para quienes pueden crear empleo, y de esa manera se reduce el número de personas necesitadas del bono".

El presidente ejecutivo de Produbanco, Abelardo Pachano, en declaraciones al diario El Comercio dijo que el proyecto de Correa "no es contra la banca, sino contra Ecuador, contra 7 millones de depositantes... desestabiliza la banca, le corta las alas para crecer y la debilita".

Lasso cree también que la banca tendrá menos recursos para invertir en mejoras tecnológicas, en mecanismos de atención al público y en ampliar y diversificar sus redes de servicio.

Lasso sigue siendo el principal accionista del Banco de Guayaquil y no ha anunciado formalmente su candidatura.

Correa llegó al poder en enero de 2007 y desde entonces mantiene un alto nivel de aprobación a su gestión que se ha mantenido entre el 50 y 77% por un fuerte y sostenido gasto público del doble de su predecesor, y por dedicar el diez por ciento del Producto Interno Bruto a la inversión pública en infraestructura, educación y a otros políticas.

Se trata de una inversión que ningún país latinoamericano o del Caribe está haciendo en infraestructura.

Una similar fórmula de gobierno ayudó al aliado de Correa en Venezuela, el presidente Hugo Chávez, a relegirse el 7 de octubre pasado. La diferencia es que Correa no ha nacionalizado empresas del sector privado como Chávez.

En contraste, Correa ha restringido la capacidad de las empresas para expandirse a otros sectores y, en el caso de los bancos, ha promovido leyes de protección al consumidor, incluida una que impide a los bancos penalizar a quienes compren vivienda por primera vez, tengan modestos recursos modestos y no puedan pagar sus hipotecas.

La empresa de encuestas Cedatos destacó que la intención de voto a inicios de octubre daba un 55% de favorabilidad a Correa, sustentada principalmente por las clases populares. Es seguido por Lasso con 23%, apoyado por la clase media y alta, mientras que otros candidatos, como el magnate bananero Álvaro Noboa, el ex presidente populista Lucio Gutiérrez y Alberto Acosta, ex aliado de Correa, registran una intención de voto menor del 10%. La encuesta, de carácter nacional y que concluyó el 7 de octubre, fue realizada en 15 ciudades de todo el país con entrevistas a 2.320 ciudadanos mayores de 16 años. Tiene un margen de error 3,5%.

Jorge León, catedrático de estudios de posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), dijo a The Associated Press que la respuesta de Correa a la propuesta de Lasso "fue muy hábil, porque le hace perder el protagonismo de la propuesta, pone a los banqueros en pésima situación. (Correa) muestra una lógica de chantaje en la lógica. (parece) decir que no repliquen porque la pueden pasar peor y además se hace más popular porque le dice al elector: yo cumplo no ofrezco".

León agregó que "los banqueros sirven de chivo expiatorio para dar una imagen de izquierda, pero (Correa) ideológicamente creo que no es de izquierda, capta ideas y propuestas de la izquierda, pero pertenece a la inspiración de la doctrina social de la Iglesia".

Correa, que fue ministro de Finanzas ya había propiciado conflictos con bancos, tanto los nacionales como los extranjeros. Bajo su mandato en 2009, Ecuador se negó a pagar casi 3.900 millones de dólares de deuda externa. Ha identificado al sector bancario como responsable de los males financieros cuando en los años 90 el país estuvo al borde de la hiperinflación y la mitad de los 42 bancos quebraron en medio de acusaciones de malas prácticas financieras.

Correa ha obligado a los bancos a retirar sus inversiones de otros sectores económicos, redujo al mínimo el cobro de servicios bancarios, como la emisión de tarjetas de crédito, los obligó a repatriar fondos que tenían en el exterior y a comprar la deuda pública, entre otras normas, y que este año han hecho que la banca restrinja el acceso al crédito.

La banca declaró ganancias de 239,1 millones de dólares en 2006. En 2009, las utilidades aumentaron a 283 millones de dólares, y el año pasado a 393 millones, según cifras de la Asociación de Bancos Privados.

La asociación se queja de que ya paga al estado unos $309 millones al año en impuestos y que otras tarifas se llevan casi el 80 por ciento de sus ganancias. Pero el director de Impuestos Nacionales, Carlos Marx Carrasco, rebatió esa cifra y dijo que los bancos sólo pagan $170 millones de dólares en impuestos al año.

La política de Correa le ha permitido ganar adeptos como Gilberto Albornoz, un abogado de Quito de 43 años.

"Es bueno que los banqueros ayudar a los más pobres", dijo. "Ellos se convierten en millonarios con el dinero del pueblo y deben contribuir con el país y los más pobres."

En Ecuador los clientes de los bancos no solo están en la clase media y alta, sino que hay iniciativas que han extendido los servicios bancarios a los barrios más pobres mediante programas informáticos y atención en línea que permite a los dueños de tiendas de abasto hacer pequeñas transacciones bancarias, como retiros, depósitos y pagos de servicios básicos.

Pero no todos en la calle están contentos con las perspectivas de más impuestos a la banca. Carolina Holguín, de 32 años y empleada de una compañía de seguros, dijo que le preocupa que los impuestos terminen afectando a los consumidores.

"El dinero que está en los bancos no es de los banqueros, es de los depositantes, gente simple, compañías grandes y medianas", dijo. "Ahora vamos a tener que pensar antes de colocar nuestro dinero en un banco porque el gobierno está desesperado por conseguir más recursos financieros para gastar".

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A este reportaje contribuyó Frank Bajak, jefe del buró de los Andes de la AP desde Lima.