La Justicia española procesó hoy a siete exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976, en plena dictadura militar chilena.

El juez encargado del caso, Pablo Ruz, acuerda además en el auto la búsqueda, detención e ingreso en prisión de los siete, entre ellos el exdirector delegado de la DINA, Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda y el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres.

El resto de procesados son los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quiloth Palma y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, todos ellos miembros de esa brigada, así como el jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, Michael Vernon Townley Welch.

Ruz imputa a todos ellos los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal y atiende así la petición del fiscal de la Audiencia Nacional de española Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".

Según el magistrado, Contreras Sepúlveda, como jefe de la DINA, entidad que "sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet", fue quien ordenó a Salinas Torres "de forma directa" el secuestro y asesinato de Soria.

Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado por agentes de la DINA, "instrumento de represión política de la dictadura militar", mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976.

En el secuestro intervinieron los seis primeros procesados, que previamente habían realizado seguimientos para conocer sus costumbres.

Para ello, relata el juez, Ríos de San Martín y Lepe Orellana, vestidos con uniforme, bajo el pretexto de que había cometido una infracción de tráfico, detuvieron a Soria y lo llevaron a una vivienda ocupada por Townley, "que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas".

Allí, "fue torturado durante varias horas, sufriendo fracturas en las costillas", con el fin de que dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y especificara cuál era su misión en aquel país.

Después, "con idea de causar su fallecimiento y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron o hicieron ingerir el contenido de media botella de pisco", asegura Ruz.

En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba "Pobre Chile", precisa Ruz, que añade que al finalizarlo, Salinas Torres le estranguló "ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas".

Después, trasladaron el cuerpo de Soria en el vehículo de éste, conducido por el capitán Juan Delmas (ya fallecido), mientras Salinas, Belmar y Lepe iban en otro coche, hasta el Canal del Carmen, donde les esperaba San Martín y Quiloth, e "hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo".

No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota "simulada por sus captores" en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.

Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.