El Congreso guatemalteco aprobó hoy una ley que incorporará al Código Penal delitos como el testaferro y el tráfico de influencias, como un mecanismo para combatir el enriquecimiento ilícito en Guatemala.

La denominada Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, o ley anticorrupción, fue aprobada por 120 de los 158 diputados que integran el Parlamento y cobrará vigencia ocho días después de que sea publicada en el Diario de Centroamérica (oficial).

La norma tipifica el testaferro, el cobro de comisiones, el tráfico de influencias, nombramientos ilegales y el cohecho pasivo y activo como delitos, y serán incorporados al Código Penal, según la información oficial parlamentaria.

La ley busca combatir la corrupción en las oficinas públicas y establece que el empleado o funcionario que sustrajere o consintiere la sustracción de dinero o bienes que administre será sancionados con 5 a 10 años de prisión, y multas que van desde los 1.277 hasta los 5.108 dólares.

Añade que si los recursos sustraídos están destinados a programas asistenciales y de apoyo social la pena será aumentada en dos terceras partes.

El delito de malversación se penará con entre 2 y 6 años de prisión y una multa que va de los 2.554 a los 6.385 dólares; el enriquecimiento ilícito con prisión de 5 a 10 años y multas de entre 6.385 a los 63.856 dólares.

El expresidente del Congreso Roberto Alejos dijo que la nueva ley anticorrupción será una herramienta valiosa si se utiliza en forma correcta y eficaz.

El diputado Oliverio García, del gobernante Partido Patriota, dijo que el Parlamento "cumplió con su tarea" y que corresponderá a otras instancias públicas hacer respetar la ley.

La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, se congratuló por la aprobación de la norma y en su cuenta de Twitter dijo que representa "una prueba más de los esfuerzos que como Estado se hacen por la transparencia".