América Latina necesita encontrar un esquema de colaboración propio contra la delincuencia organizada transnacional que se aleje del modelo militarista auspiciado por Estados Unidos, dijo hoy el experto colombiano Luis Jorge Garay Salamanca.

"Somos críticos del papel de Estados Unidos porque se ha concentrado en la parte represiva dentro de una política sobre drogas absolutamente equivocada también", dijo a Efe en entrevista este economista, ingeniero y experto en seguridad suramericano.

Coautor del libro "Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México" (Debate, 2012), Garay se encuentra en México presentándolo junto al también investigador colombiano Eduardo Salcedo-Albarán.

En su análisis ambos estudian el fenómeno criminal partiendo de la noción de que en América ha habido en los últimos años una "adaptación estratégica" de las organizaciones criminales a los esfuerzos de las autoridades contra ellas y una conversión de estructuras dedicadas sobre todo al tráfico de drogas a otro modelo de redes horizontales, flexibles y dúctiles dirigidas a más delitos.

"Lo primero que queremos replantear es que ya es casi imposible hablar de cárteles por la diversificación de actividades ilícitas en las que participan, de productos y bienes ilegales que están en capacidad de suplir", explica Salcedo.

La clave para enfrentar a esos grupos dejó ya de ser nacional y es una responsabilidad de ámbito "totalmente transnacional", agregó el experto.

Luis Jorge Garay recuerda que en la región hay países como Brasil y Venezuela en los que no se conocen bien las dinámicas criminales que se están dando, pero en otros como México se sabe que estructuras como el cártel de Sinaloa "operan en Colombia, en Perú, ya están en Guinea Occidental" y en España, con la mira puesta en Europa.

Para combatir esta dinámica criminalidad hace falta un combate con más inteligencia y corresponsabilidad supranacional en América Latina, señala.

El experto siente que para que Estados Unidos se mueva eventualmente tiene que haber una iniciativa más que venga de los países latinoamericanos, donde ya existe interés por compartir experiencias.

A EE.UU. le reprocha que sea "absolutamente reacio a compartir su información" con otros países y que exija acciones anticrimen cuando sus autoridades no las ponen en práctica en su territorio.

"En el lavado de activos en EE.UU. es muy poco lo que se hace pero buscan las autoridades estadounidenses que haya operaciones en otros países", apunta Garay.

Igualmente, critica visiones como la del secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Narcotráfico de EE.UU., William Brownfield, quien la semana pasada dijo que la estrategia de los últimos años en México había permitido estar ya cerca de acabar con los cárteles de este país.

"Evidentemente con esas intervenciones efectivas lo que hacen es cambiar la estructura de toda la criminalidad", señala Garay, pero "las causas objetivas" ligadas con la delincuencia se mantienen lo que hace "pensar que la criminalidad podrá seguir".

De Colombia, su país y donde es director del Proceso de Verificación de la Comisión Nacional de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, celebra que esté cooperando más con Centroamérica y con México en esquemas conjuntos de lucha criminal, pero advierte que aún no se puede hablar de éxito en el combate a los grupos criminales.

Insta a los países de la región trabajen en entender mejor "la capacidad de adaptación, innovación y transformación de las redes ilícitas", que "es muy fuerte", lo que implica adoptar enfoques y metodologías distintos de las actuales para poder contrarrestarlas.

"No es que no haya capos. Lo que hay ahora son 'máximos responsables', que es diferente porque hay una multiplicidad de actividades, desde lo legal hasta lo abiertamente ilegal", asegura.

Dicho reto político e institucional es ingente porque incluso regiones consolidadas como la Unión Europea (UE) "ni siquiera tienen hoy un esquema regulatorio de análisis de los movimientos financieros o de las operaciones sospechosas conjuntos, ni un estatuto avanzado de lavado de dinero", agrega.