El Estado salvadoreño pidió perdón el lunes por la desaparición forzada de seis niñas y niños durante el conflicto armado que concluyó con la firma de los acuerdos de paz en 1992.

"Pido perdón en nombre del Estado salvadoreño, a los cientos de familias salvadoreñas que fueron víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado interno, a esas familias que sufrieron el infinito dolor de ser golpeadas por la desaparición de sus seres queridos y más vulnerables", expresó el canciller Hugo Martínez en nombre del presidente Mauricio Funes.

También reconoció en un acto público efectuado en San Vicente, a 66 kilómetros al este de la capital, que "los niños y niñas desaparecieron durante operativos militares".

"Es nuestro deber manifestar, en nombre del Estado de El Salvador, que reconocemos como verdaderos los hechos de la desaparición forzada de Ana Julia, Carmelina, Gregoria, Serapio Cristian, Julia Inés y José Rubén, así como también reconocemos la responsabilidad que agente del Estado tuvieron en su realización", dijo el canciller.

Maura Contreras, madre de tres de los niños desaparecidos por la fuerza el 25 de agosto de 1982, ratificó que el acto celebrado por el Gobierno, era en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), "no porque ellos (el Gobierno) hayan querido venir".

La mujer exigió al Gobierno a cumplir todas las medidas de reparación ordenadas por la CIDH, pero advirtió que "aquí no habrá justicia".

Los hijos de Contreras desaparecieron durante un operativo militar que se desarrolló en varios municipios del departamento de San Vicente y en el que participaron unidades de la Quinta Brigada de infantería y batallones de contrainsurgencia. Se confirmo que los militares sacaron de la zona a los tres niños.

Margarita Rivera, madre de uno de otro de los pequeños desaparecidos, advirtió que "no nos vamos a conformar solo con este acto de perdón, tenemos que encontrar a nuestros hijos para curar nuestras heridas, pues yo no he podido encontrar a mi hijo", de quien perdió el rastro durante la masacre de El Mozote, perpetrada por militares en 1981 y que dejó un millar de muertos.

El informe de una comisión de la verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1993 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre de El Mozote al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani horas antes de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.

Soldados del batallón Atlacatl también fueron señalados por la comisión de la verdad del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.

El acto para pedir perdón por la desaparición forzada de niñas y niños, se dio en cumplimiento de una sentencia emitida por la CorteIDH del 31 de agosto de 2011, en el "Caso Contreras y otros vs El Salvador" y constituye una medida de reparación a favor de las víctimas de la desaparición forzada de niñas y niños ordenada por el organismo internacional.

En el acto participaron familiares de los desaparecidos, organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, representantes de los tres órganos del Estado y del cuerpo diplomático.

Los 12 años de la guerra civil de El Salvador dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos.