El Estado salvadoreño pedirá perdón mañana y reconocerá su responsabilidad por la desaparición forzada de los hermanos Contreras y otros tres niños durante la guerra civil (1980-1992), en cumplimiento a una sentencia de la CorteIDH, informó hoy una fuente oficial.

"El Estado salvadoreño,en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del 31 de agosto de 2011, en el Caso Contreras y otros versus El Salvador", realizará mañana "un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por las desapariciones forzadas de los niños y niñas de este caso, ocurridas entre los años 1981 y 1983", informó Cancillería en un comunicado.

El acto será presidido por el canciller de este país centroamericano, Hugo Martínez, "en el marco de la gestión del presidente de la república, Mauricio Funes, quien ha adquirido un serio compromiso con la reparación a las víctimas del conflicto armado y sus familias", agregó.

Las víctimas son los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras Recinos, que tenían 4 años, 20 meses y 4 meses de edad, respectivamente, cuando desaparecieron el 25 de agosto de 1982 durante una operación militar en varios municipios del departamento central de San Vicente.

También se cuentan las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, desaparecidas durante la matanza de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en el departamento oriental de Morazán, y José Rubén Rivera.

El acto de reconocimiento de la desaparición forzada de los seis niños se llevará a cabo en San Vicente, 60 kilómetros al este de San Salvador, lugar donde desaparecieron en 1982 los hermanos Contreras.

Los seis niños fueron secuestrados en medio de operativos de contrainsurgencia que realizaba el Ejército salvadoreño en algunos poblados campesinos, pero hasta la fecha solo ha sido localizada Gregoria Herminia Contreras.

Gregoria fue encontrada por la no gubernamental Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en 2006, aunque su identidad y datos personales no han sido restablecidos aún.

La CorteIDH ordenó al Estado Salvadoreño cumplir con diferentes medidas de reparación para las víctimas y familiares, entre ellas, el acto público de reconocimiento de la responsabilidad por los hechos.

También condenó al Estado salvadoreño a investigar y localizar el paradero de las víctimas, pagarles una reparación económica, construir escuelas en los lugares donde desaparecieron, entre otras.

Esta es la segunda sentencia que la Corte Interamericana emite contra el Estado salvadoreño por la desaparición de niños durante la guerra civil.

En 2005, la Corte también dictó un fallo condenatorio por el caso de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, desaparecidas en junio de 1982 cuando tenían 3 y 7 años, respectivamente, durante una campaña militar en el departamento de Chalatenango (centro).

La demanda por el "Caso Contreras y otros" fue interpuesta en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, luego, en 2010, el caso pasó a la Corte porque se agotaron los plazos para una "solución amistosa" que el Estado salvadoreño había aceptado inicialmente.