Representantes del sistema financiero privado ecuatoriano advirtieron el domingo que la intención gubernamental de financiar un aumento del bono para pobres a través de mayores impuestos pone en riesgo la estabilidad de la banca.

El proyecto de ley económica "no es contra la banca sino contra el Ecuador, contra siete millones de depositantes... porque desestabiliza a la banca, la debilita", aseguró Abelardo Pachano, Presidente de Produbanco, una de las más grandes entidades bancarias del país andino.

En declaraciones al diario El Comercio, agregó que la nueva tasa tributaria es "confiscatoria" dado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece que si decisiones estatales se dictan "con intencionalidad y discriminan a un sector, se puede estar hablando de una expropiación velada".

Explicó que con la medida los pequeños accionistas de los más de 20.000 que tiene el sistema "experimentarán pérdidas en sus patrimonios" y deberán vender sus acciones a un precio menor.

El presidente Rafael Correa descartó la víspera una eventual afectación al sistema pues "siempre debemos ser cuidadosos para no desestabilizar a la banca", dijo.

Sobre el reporte del director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, quien señaló que la contribución impositiva del sistema financiero es de 170 millones de dólares, Pachano señaló que se trata de un error pues el aporte "representa el 80% de sus utilidades", es decir unos 309 millones de dólares.

Con el proyecto de ley la carga tributaria alcanzaría el 500% de la utilidad, lo que impediría a la banca capitalizarse, acotó.

El gobierno aspira financiar un incremento de 30 a 50 dólares del Bono de Desarrollo Humano que entrega a más de 1,2 millón de personas de escasos recursos para lo cual ha decidido que "socializará" las ganancias de la banca privada que en 2011 se situaron en 460 millones de dólares.

Para ello envió a la Asamblea una propuesta urgente que incluye el aumento del impuesto de 0,08% a 0,25% a los activos del sistema en el exterior y la eliminación de privilegios tributarios sobre las utilidades. La Asamblea, de mayoría oficialista, debe pronunciarse en 30 días.