Un total de 36 personas, entre ellas cuatro funcionarios gubernamentales, fueron vinculadas a una proceso judicial por supuestamente haber intervenido en la adjudicación irregular de 38.000 hectáreas de tierras en el este del país, informó hoy la Fiscalía.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que a los afectados se les sindica de los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado, prevaricato y peculado por apropiación.

La medida, dictada por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, señala que dentro de los investigados hay cuatro funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, estatal), de los que no se informó sus nombres.

Según la investigación, que se remonta al año 2006, la mayoría de las 38.000 hectáreas adjudicadas, que son baldíos del departamento del Vichada (este), beneficiaron a 32 personas que "se hicieron pasar como colonos y argumentaron que explotaban los predios sin que ello fuera cierto".

Además, según lo establecido, la mayoría no reside en ese departamento.

No se indicó si los vinculados a la investigación están privados de la libertad o no.