La Fiscalía General informó el sábado que 36 personas fueron vinculadas formalmente a un proceso penal por supuestamente participar en la adjudicación irregular de 38.000 hectáreas de terrenos baldíos en el centro este de Colombia.

La determinación, dijo la oficina de prensa del ente investigador en un comunicado, fue adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción y afecta, entre otros, a cuatro funcionarios del estatal Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Las 38.000 hectáreas de baldíos están ubicadas en el departamento de Vichada, al centro este de Bogotá.

De acuerdo con la investigación que se remonta a 2006 los "adjudicatarios se hicieron pasar como colonos y argumentaron que explotaban los predios sin que ello fuera cierto. Además, según lo establecido, la mayoría no reside en ese departamento", agregó el comunicado.

A los 36 procesados se los acusa de haber participado presuntamente en los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado, prevaricato y peculado por apropiación. Ninguno está privado de la libertad.

La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.