Un juicio por corrupción política visto como un punto de inflexión hacia una gobernabilidad más transparente en Brasil se acerca a su fin al comenzar la Corte Suprema a impartir esta semana duras condenas contra poderosas personalidades.

Veinticinco personas han sido halladas culpables de cargos relacionados con el desvío de dinero público a campañas políticas y a una operación de compra de votos en la legislatura. El tribunal suspendió la sesión del jueves porque un juez se enfermó, y es posible que en la segunda semana de noviembre retome las deliberaciones para la condena de los culpables.

El proceso ha causado sensación en Brasil durante meses y ha tenido resultados que empañan la reputación del gobernante Partido de los Trabajadores. La presunta corrupción data del gobierno del entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva, aunque éste no ha sido acusado y niega que hayan ocurrido los delitos del caso.

Entre los acusados figura José Dirceu de Oliveira e Silva, quien fue el jefe del gabinete de Lula, así como otros políticos, asesores y un banquero. José Dirceu, como es conocido, se declaró inocente, pero fue encontrado culpable de asociación delictiva y de encabezar la compra de votos en el Congreso durante el primer mandato de Lula (2003-2007), entre otros cargos.

La primera sentencia, anunciada el miércoles, fue para Marcos Valerio de Souza, un asesor que era considerado el operador principal en la distribución del dinero en la compra de votos. Hasta ahora ha sido condenado a más de 40 años de cárcel y multado con más de 1,3 millones de dólares. Ambas penas serán reconsideradas cuando el último juez presente su posición, y tendrá la posibilidad de purgar la sentencia en un sistema carcelario menos riguroso cuando cumpla la sexta parte de la condena.

Para muchas personas en el país sudamericano, donde el servicio público ha estado marcado desde hace mucho tiempo por la corrupción y la impunidad, las sentencias representan una señal vigorosa de mejoría en el sistema político. Los periódicos más leídos en Brasil informaron del caso de manera prominente con titulares que anunciaban la llegada del "momento del castigo".

La Corte Suprema también ha determinado que el asesor Marcos Valerio de Souza actuó bajo las órdenes de José Dirceu. El miércoles, el juez Joaquín Barbosa observó que "Marcos Valerio aceptó participar en esta empresa delincuencial dirigida por José Dirceu para controlar el poder político".

El analista político Matthew Taylor, autor de "Política de Juicios: Cortes y Reforma Política en el Brasil Democrático", dijo que las sentencias eran "un parteaguas" en Brasil. Consideró que este es el primer escándalo político de gran peso en el que la Corte Suprema ha encontrado culpables a los acusados.

Sin embargo, Taylor, profesor en la American University en Washington, consideró que no debía dársele demasiada importancia al caso. Brasil ha dado pasos significativos en la promoción de la responsabilidad en el gobierno y en el combate a la corrupción en varios niveles, pero el sistema judicial va rezagado, explicó.

"Las cortes siguen siendo el principal cuello de botella para la justicia en Brasil", dijo Taylor. "Aunque este caso es muy importante, es la excepción que prueba la regla".