Varias organizaciones sociales de Uruguay recurrirán a la OEA para denunciar con visión regional la ley de despenalización del aborto, recientemente aprobada en el país, por considerar que viola los derechos humanos, dijo hoy a Efe el diputado Gerardo Amarilla, uno de los impulsores del movimiento.

El objetivo es "lograr la defensa de la vida de los más vulnerables, especialmente de los seres humanos concebidos pero aún no nacidos", agregó el legislador del Partido Nacional o "Blanco", principal de la oposición.

Amarilla, abogado de profesión, dijo que está trabajando junto a colegas de Argentina y Paraguay "para tener una visión regional" antes de la presentación de la denuncia porque la problemática del aborto "es un tema que preocupa y afecta a varias sociedades latinoamericanas", destacó.

Además, asesores legales y técnicos de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la vida también participan en la preparación de la denuncia contra el Estado uruguayo que será elevada en aproximadamente seis meses a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Amarilla destacó que la ley del aborto aprobada el pasado día 17 por el Parlamento viola varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.

El legislador, que se define protestante, señaló que detrás del movimiento que busca remover la ley hay personas de "diversas creencias y orientaciones religiosas".

La ley fue aprobada en el Parlamento con los votos a favor de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que tiene la mayoría tanto en el Senado como en Diputados, y la oposición de los partidos Nacional y Colorado.

El presidente José Mujica ratificó el pasado lunes la ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.

Mujica tuvo una posición diferente a la de su antecesor en el cargo, Tabaré Vázquez (2005-2010), oncólogo de profesión y también del FA, que en 2008 vetó una iniciativa similar impulsada por su partido.

La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Estas medidas incluyen pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de cinco días de reflexión antes de someterse a la interrupción del embarazo.

Una vez cumplido el trámite, las mujeres podrán abortar si lo desean en cualquier centro público o privado de salud del país, que estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.

Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y, por tanto, penalizados.

A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.

Según una encuesta difundida el pasado mes, el 52 % de los uruguayos está a favor de la despenalización del aborto, el 34 % en contra y el 14 % no tiene posición tomada o prefiere mantenerla en reserva.