Ocho personas murieron el jueves en dos ataques atribuidos al crimen organizado a las afueras de la ciudad de México.

La policía encontró en una calle de un suburbio al norte de la capital los cadáveres desnudos de cinco hombres y una mujer entre 20 y 25 años de edad con varias heridas de bala. En otro vecindario encontraron otros dos cuerpos pero no especificaron el sexo de las víctimas.

Según un comunicado del gobierno de Ecatepec, municipio parte de la zona metropolitana, los dos ataques pudieran estar relacionados con el crimen organizado.

El gobierno local solicitó al ejército reforzar el patrullaje en la zona.

La ciudad de México ha logrado esquivar la ola de violencia ligada al narcotráfico que ha azotados otras regiones del país. En los dos ataques, la policía no encontró mensajes que comúnmente dejan los cárteles de drogas como amenazas a pandillas rivales.

En un caso controversial en el que un juez federal fue castigado por haber liberado o absuelto a alcaldes y funcionarios locales acusados de tener vínculos con el narcotráfico, autoridades judiciales decidieron esta semana finalmente destituirlo.

El caso que el juez Efraín Cázares López supervisó fue uno de los mayores operativos del gobierno para desmantelar una supuesta red de protección oficial a un cartel de las drogas.

El Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que supervisa la actuación de los jueces y tribunales, anunció el miércoles por la noche que Cázares fue destituido "por haber incurrido en faltas graves en su función jurisdiccional", aunque no especificó cuáles habían sido esas faltas.

La decisión puede ser apelada ante la Suprema Corte.

La Procuraduría General de la República interpuso en 2010 una queja contra Cázares por considerar que de manera "cuestionable" había decidido liberar a más de 30 alcaldes y funcionarios del estado occidental de Michoacán acusados de integrar una red de protección al cartel de las drogas de La Familia.

Los alcaldes y funcionarios fueron detenidos en mayo de 2009 y la Procuraduría señaló que entre los indicios y pruebas en su contra estaban testimonios de tres presuntos criminales que se acogieron como testigos protegidos, además de grabaciones y listas con nóminas de La Familia en las que aparecían sus nombres.

Al paso de los meses, sin embargo, el juez Cázares comenzó a fallar a favor de la libertad de los implicados por falta de pruebas o dictó sentencias absolutorias.

"El Consejo de la Judicatura Federal, como órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales del país, refrenda su compromiso de erradicar cualquier conducta que se aparte de la honestidad, independencia, imparcialidad y profesionalismo que caracteriza a sus integrantes", señaló el Consejo.