La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) pedirá a la ONU y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que constaten el proceso de consulta previa que realiza el Gobierno en comunidades de la Amazonía sobre la apertura de nuevas explotaciones petroleras en la zona.

Así lo aseguró hoy a Efe Humberto Cholango, presidente de la Conaie, quien sostiene que ese proceso es una "manipulación".

Cholango defiende la importancia de la consulta previa, pero cuestiona la manera en que la desarrolla el Gobierno, por lo que aseguró que enviarán cartas a las mencionadas organizaciones para que constaten "in situ" el proceso.

Asimismo, dijo que mantendrán una "resistencia pacífica", materializada, entre otras medidas, en marchas para expresar su desacuerdo.

La semana pasada el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, anunció que el próximo 28 de noviembre el Gobierno iniciará la licitación de nuevas áreas petroleras que pueden contener 1.600 millones de barriles.

Pástor explicó que en agosto se inició una "consulta previa" a las comunidades que se verán afectadas por las concesiones.

El ministro dijo que el Gobierno ha firmado acuerdos con algunas de ellas, que establecen la inversión social que harán las empresas que operen los bloques, pero reconoció que "hay resistencia en otros casos".

El país otorgará 13 bloques a empresas privadas o públicas, mientras que adjudicará de forma directa 3 bloques a compañías estatales extranjeras en asociación con la ecuatoriana Petroamazonas.

Aunque existe poca información sobre sus características geológicas, según admitió Pástor, el Gobierno estima que tienen un potencial de reservas de entre 400 y 1.600 millones de barriles.

El ministro dijo prever que las empresas ganadoras inviertan en los bloques entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.

Entre las compañías interesadas están la española Repsol, la italiana Agip y las chinas Andes y Sinopec, así como las entidades petroleras estatales de Perú, Colombia, México, Turquía, Vietnam e Indonesia.

El ministro había indicado en agosto que la licitación se abriría en octubre, pero explicó que se aplazó para tener listos los acuerdos con las comunidades que viven en esas zonas.