El Gobierno español condenó hoy los planes de las autoridades israelíes de construir unas 1.500 nuevas viviendas en Jerusalén Este y Cisjordania, al recordar que los asentamientos levantados en los territorios ocupados son "ilegales" según el derecho internacional.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España alertó de que esta política amenaza con separar de forma irreversible Jerusalén Este del resto de los territorios palestinos y pone en peligro la continuidad territorial del futuro Estado palestino.

Es además, en opinión del Gobierno español, un obstáculo para la reanudación de las negociaciones directas entre israelíes y palestinos, ya que el estatuto de la ciudad de Jerusalén debe formar parte de la solución acordada al conflicto sobre la base de dos Estados que convivan en paz y seguridad.

El Ejecutivo de España apuesta de nuevo por un acuerdo que recoja el establecimiento de un Estado palestino sobre la base de las líneas previas a 1967, con los cambios que acuerden las partes, y con Jerusalén como capital compartida.