El presidente dominicano, Danilo Medina, envió hoy al Senado, controlado por el oficialismo, un proyecto de reforma fiscal para paliar el actual déficit, lo que ha generado el rechazo de importantes sectores nacionales.

La iniciativa fue entregada al presidente de la Cámara alta, Reinaldo Pared Pérez, por una delegación de funcionarios, entre ellos, el ministro de Economía, Temístocles Montás, quien aseguró a la prensa que al proyecto se le hicieron algunas modificaciones.

Con el proyecto inicial el Gobierno pretendía obtener unos 53.000 millones de pesos (1.358 millones de dólares) en los próximos tres años, pero la iniciativa entregada finalmente al Senado reduce el monto a 1.179 millones de dólares.

La reducción es el resultado de cambios solicitados por los sectores de cigarrillos, bebidas gaseosas y alcohólicas, un sector que en el plan original veía elevar el impuesto del 7 % al 15 %.

En una carta remitida al Senado, el presidente dominicano señaló que la aprobación de su proyecto de reforma fiscal es "oportuna", "necesaria" e "ineludible".

Asimismo, aseguró que uno los objetivos del proyecto es hacer que "paguen más los que pueden", así como combatir la evasión fiscal y el contrabando, tras argumentar que el país caribeño pierde millones de pesos por esta situación.

Contrario a las críticas generadas por la iniciativa, Medina, en el poder desde agosto pasado, subrayó que ese proyecto debe interpretarse como "un esfuerzo" por la estabilidad macroeconómica del país, cuya economía creció 3,9 % entre enero y septiembre.

De inmediato, el presidente de los senadores anunció que hoy mismo formará una comisión bicameral, que él mismo presidirá, para estudiar el proyecto de reforma fiscal.

La 'Propuesta para discusión Componente Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para el Desarrollo Sostenido' establece un aumento del 16 % al 18 % del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales (ITBIS), excepto los servicios básicos y la canasta familiar.

La iniciativa también prevé aplicar un 10 % a los servicios de telecomunicaciones y un impuesto similar a los dividendos del sector zonas francas.

Además contempla eliminar la exención del impuesto sobre la renta al sueldo de navidad a los que ganen por encima de 33.000 pesos (unos 845 dólares), así como el pago de la renovación de la placa de los vehículos y, en cambio, cobrarle el 1 % del valor del vehículo.

Este plan ha generado un aluvión de críticas e, incluso, una asociación que lucha contra la corrupción llegó a pedir a la Procuraduría General investigar los "responsables" del déficit fiscal, que obligará una reforma fiscal.

El déficit fiscal a septiembre pasado asciende a 148.564 millones de pesos (unos 3.809 millones de dólares), lo que representa el 6,5 % del producto interno bruto PIB), según datos del Ministerio de Economía.

De acuerdo con la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), entre mayo y agosto pasados más de 100.000 millones de pesos (2.564 millones de dólares) se manejaron para el pago de deudas públicas.

Por ello, la entidad pidió al procurador, Francisco Domínguez Brito, investigar al ministro de Economía, Temístocles Montás, quien ocupaba el mismo cargo en el Gobierno de Leonel Fernández, relevado del poder el 16 de agosto pasado por Danilo Medina, ambos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Igualmente al administrador del estatal Banco de Reservas, Vicente Bengoa, quien en un tramo del Gobierno de Fernández ocupó la cartera de Hacienda, así como a su sucesor en el cargo, Daniel Toribio, y al exdirector de Presupuesto Luis Hernández.

La solicitud fue rechazada por el procurador general, quien argumentó que esta no "tienen soporte ni fundamento legal" y que, por lo tanto, no procede una investigación, al tiempo que pidió no mezclar la corrupción con la política.