El presidente Ricardo Martinelli aseguró el martes que accederá a las exigencias de los pobladores de Colón y que no impulsará la venta de las tierras en la zona libre que opera en esa provincia portuaria del norte panameño.

Colón, la segunda provincia en importancia económica del país, ha sido escenario desde la semana pasada de violentas protestas en rechazo a una ley impulsada por el gobierno de Martinelli que permitía la venta de tierras de la zona franca a las empresas que operan allí.

Las protestas han dejado al menos tres muertos desde el viernes, así como decenas de heridos y detenidos, según dirigentes del no gubernamental Movimiento Amplio Colonense.

Martinelli formuló su declaración en su cuenta de Twitter, poco después que su ministro de Economía, Frank de Lima, anunciara en rueda de prensa la propuesta del gobierno de destinar el 100% del dinero de las ventas de las tierras para el desarrollo de Colón, en un esfuerzo por apaciguar las protestas callejeras contra esa medida.

"Si el pueblo colonense no quiere que se vendan las tierras de la ZLC (Zona Libre de Colón), se derogará la venta...", escribió Martinelli, quien se encuentra en una gira oficial por Japón y Vietnam. El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, se hizo eco del mensaje del mandatario por esa red social.

No hubo de inmediato una reacción de los líderes de las protestas.

De Lima y otros cuatro ministros habían viajado el martes a Colón en busca de un diálogo, pero retornaron a la capital sin poder sentarse con los dirigentes de las protestas. Los ministros tienen previsto regresar el miércoles a esa provincia, situada a 80 kilómetros al norte de la capital.

Mientras tanto, el martes se escenificaron nuevos enfrentamientos entre grupos de colonenses que lanzaron piedras contra agentes de la policía antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos. La actividad de carga, en los comercios y la industria de la construcción estuvieron paralizadas en apoyo a la demanda de los colonenses.

Felipe Cabezas, del Movimiento Amplio Colonense, aseguró que dos pobladores — una mujer de 29 años y un indígena — perecieron el martes al ser alcanzados al parecer por balas perdidas, aunque las autoridades no pudieron confirmarlo de inmediato.

Personal de urgencias del hospital Manuel Amador Guerrero de Colón declinó dar por teléfono informes sobre las personas a las que atendieron el martes. La Policía Nacional informó en su cuenta de Twitter que uno de sus agentes fue herido de bala. No reportó fallecimientos.

El viernes, un menor de 10 años murió al ser impactado por una bala en los disturbios que siguieron a la aprobación de la ley.

La norma estableció que el 35% de las ventas de las tierras se utilizará en proyectos sociales en Colón, pero de Lima dijo que se decidió modificar ese artículo, para elevar ese porcentaje de aportes al 100%. La iniciativa debe ser aprobada en el legislativo, controlado por el oficialismo.

"No queremos esa ley", dijo Cabezas, al tiempo que llamó a los colonenses a continuar con la resistencia contra esa norma en las calles.

En la zona libre operan 3.200 empresas que se dedican a la importación y exportación y emplean a 30.000 personas.

La ley sustituye la norma que creó la zona franca en 1948 y establece un nuevo régimen de propiedad que permite la venta de las tierras, que le pertenecen al Estado y que están alquiladas a las empresas que operan allí. Los colonenses dicen que esas tierras son como un patrimonio de la provincia y rechazan su venta.