El presidente boliviano, Evo Morales, pidió hoy al nuevo fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que no dude en procesarlo judicialmente si hubiera alguna denuncia bien argumentada en su contra, para mostrar su capacidad profesional e independencia.

Durante la toma de juramento de la nueva autoridad, el gobernante aseguró que él y el vicepresidente, Álvaro García Linera, enfrentarán sin "miedo" cualquier proceso y agregó que es "obligación" de Guerrero procesarles "si hay una demanda con pruebas" en su contra.

"Mi pedido al doctor Guerrero: si alguien demanda con argumentos, con verdades a Evo Morales, procéseme. No queremos ningún favor al presidente ni al vicepresidente, a (nadie) de la justicia hemos pedido que nos ayude jamás", sostuvo Morales.

"Sino voy a dudar de su capacidad profesional y de su cargo, señor fiscal. Aquí no manipulamos, no usamos a ninguno para que nos defienda", insistió.

El Parlamento boliviano, dominado por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), eligió la madrugada del sábado como nuevo fiscal general del Estado a Guerrero, tras un debate de más de seis horas y la resistencia de opositores que denunciaron irregularidades en el proceso de selección.

Guerrero ha sido criticado por la oposición porque fue uno de los representantes del MAS en la redacción de la Constitución vigente desde 2009 y también fue uno de los 18 magistrados interinos que Morales designó por decreto en 2010 para cubrir las vacantes que existían entonces en el Tribunal Supremo.

Tras jurar el cargo ante García Linera, que preside el órgano Legislativo, Guerrero aseguró que no se someterá "a ningún poder ni ningún grupo" y que actuará siempre en el marco de la Constitución, las leyes y procedimientos vigentes.

Morales también pidió a Guerrero que se encargue de "dignificar" a la justicia boliviana y a todos los abogados, quienes, según dijo, si fueran "profesionales de verdad", demandarían "de oficio" a cualquier persona que le insulte.

"Yo me he aguantado todo (...) Si el presidente está siendo acusado públicamente, si hubiera abogados y habría justicia, de oficio podrían empezar a procesar a esas personas", señaló.

En los últimos días, García Linera y algunos ministros expresaron su preocupación porque hay muchos insultos al presidente en las redes sociales y se han planteado la posibilidad de controlar los contenidos mediante una ley, mientras que legisladores oficialistas proponen hacer denuncias por discriminación.