El embajador de España en Nicaragua, León de la Torre Krais, dijo hoy que confía en que el Gobierno de Managua y la distribuidora de la energía en el país y filial de la española Gas Natural Fenosa llegarán a un acuerdo para solucionar el problema de la evasión en el pago de electricidad.

"Desde la embajada de España, desde España, lo que hemos hecho siempre es favorecer el diálogo para que haya un entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y la distribuidora energética, y sigo confiando en que ese acuerdo es posible", declaró a Efe el diplomático español.

Insistió en que se está "viendo buena voluntad de ambas partes, y muestra de ello es que a pesar del tiempo transcurrido, se sigue negociando, porque las dos partes saben que la mejor solución es un acuerdo, y yo también lo creo así".

La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa demanda al Gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 50 millones de dólares (38, 5 millones de euros) anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía, según fuentes de esa compañía en Managua.

El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía española, dueña de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años.

El ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo que esperan que la distribuidora opere de manera apropiada, asuma costes, invierta más y de buena atención a los clientes, según publica este martes el diario La Prensa, de Managua.

De la Torre Krais explicó que "es un contencioso empresarial entre una empresa de capital español y el Gobierno de Nicaragua, y, por tanto, las diferencias son económicas, implican unas pérdidas que hacen inviable la continuidad de la empresa en las condiciones actuales".

"Y, por tanto, se están renegociando esas condiciones", añadió.

El diplomático confirmó que por parte del Gobierno nicaragüense "se quiere mayor compromiso inversor, en fin, mejorar el marco regulatorio para ambos, para poder seguir prestando un servicio mejor".

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares (8,8 millones de euros), y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.

Las distribuidoras Disnorte y Dissur poseen el 84 % de las acciones y 16 % el Estado de Nicaragua, según datos de la compañía.