La Corte Suprema de Brasil comenzó hoy a dictar sentencias en el llamado "juicio del siglo" y fijó un mínimo de once años y ocho meses de cárcel para el publicista Marcos Valerio Fernandes, quien aún debe ser condenado por otros delitos.

El Tribunal Supremo suspendió la audiencia de hoy cuando había dictado las penas que le corresponden a Fernandes por los delitos de asociación ilícita, corrupción activa y malversación, pero el reo ha sido declarado culpable por otros cargos, por lo que la pena deberá aumentar.

De la misma forma, los magistrados acordaron aplicar a Fernandes una multa de 978.000 reales (unos 489.000 dólares), aunque como sucede con la pena de prisión, podrá ser más alta en función de las sentencias que aún están pendientes y le serán dictadas mañana.

Fernandes es uno de los 25 reos hallados culpables en el proceso, que tuvo un total de 37 acusados, todos implicados en una vasta red de corruptelas tejidas por el Partido de los Trabajadores (PT) y que fueron denunciadas en 2005, durante el primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la acusación, Fernandes puso a dos de sus empresas al servicio de la red de corrupción, obtuvo contratos amañados con organismos públicos y repasó el dinero al PT, que lo utilizó para financiar campañas políticas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos a cambio de su apoyo en el Congreso al Gobierno de Lula.

Las empresas del publicista, además, fueron usadas para repartir el dinero de los sobornos, que eran entregados en bancos, en las propias oficinas, en las residencias de los políticos o hasta en habitaciones de hoteles.

La audiencia fue suspendida en medio de polémicas entre los jueces sobre la pena que le corresponde a Fernandes por otro de los cargos por los que ha sido declarado culpable.

Antes de iniciar la fase de sentencia, los magistrados decidieron absolver a siete de los acusados, en cuyos casos hubo empates en cuanto a su culpabilidad o inocencia.

De esa manera, exculparon al exministro de Transporte Anderson Adauto y a los exdiputados Joao Borba, Joao Magno y Paulo Rocha, así como declararon inocentes de asociación ilícita al diputado Valdemar Costa Neto, al dirigente político Jacinto Lamas y al exdirectivo del Banco Rural Vinicius Samarane.

En todos estos casos, cinco jueces se habían pronunciado por la culpabilidad de los acusados, otros cinco los habían declarado inocentes y el empate se resolvió hoy, con un acuerdo que hizo valer el criterio de que si no hay una mayoría condenatoria el fallo debe favorecer al acusado, preservando así el principio de la duda.

El exministro Adauto, del extinto Partido Liberal (PL), quedó así libre de todo cargo, al igual que los exdiputados Magno y Rocha, ambos del PT.

Distinta es la situación de los actuales diputados Costa Neto, del Partido de la República (PR) y Joao Borba, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ya condenados en este mismo proceso por corrupción pasiva y pendientes de sentencia.

Del mismo modo, aunque absueltos hoy de un delito, el extesorero del PL Jacinto Lamas ya fue hallado culpable de corrupción activa y lavado de dinero, y Vinícius Samarane lo fue por gestión fraudulenta y lavado.

Según el presidente de la corte, Carlos Ayres Britto, "el empate favorece el principio constitucional de la presunción de inocencia" y "revela que el colegiado no ha podido lograr un acuerdo".

Esta situación se presentó debido que el Supremo se encuentra temporalmente con diez miembros, pues el magistrado César Peluso se jubiló en medio del proceso y su sustituto todavía no ha asumido el cargo.