Miles de transportistas y educadores del sector público de Costa Rica protagonizaron hoy una jornada de protestas en contra de iniciativas del Gobierno que consideran perjudiciales, relacionadas con salarios y regulaciones.

Los educadores se manifestaron frente a la Casa Presidencial, en el marco de una huelga de un día, para exigir al Gobierno que descarte un proyecto de ley que pretende reordenar los salarios del sector público y disminuir incentivos salariales.

La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Beatriz Ferreto, declaró a los periodistas que el proyecto de ley afectará a los educadores con rebajas salariales y que se mantendrán las medidas de presión en caso de que el Gobierno lo siga impulsando.

La protesta de educadores también se realizó para denunciar un supuesto acoso laboral del ministro de Educación, Leonardo Garnier, debido a que exige que los maestros presenten un comprobante de asistencia a los congresos sindicales que se efectúan en días lectivos.

El Gobierno informó en un comunicado que el proyecto de ley afectará en un principio solo a unos 1.600 empleados cuyos salarios superan los cinco millones de colones mensuales (10.000 dólares) y que en su conjunto absorben un 4,5 % de la masa salarial del sector público.

En este grupo de trabajadores públicos con salarios altos no hay profesores, según el Gobierno.

"Deben estar tranquilos todos los trabajadores públicos que tengan salarios inferiores a los cinco millones de colones, pues la ley no tiene carácter retroactivo y se respetarán los derechos constitucionales", indicó en el comunicado el viceministro de la Presidencia, Francisco Marín.

"Es falso que se rebajarán los salarios de este sector de trabajadores", enfatizó el funcionario.

Por su lado, los transportistas privados bloquearon las principales vías de acceso a la capital y a la Casa Presidencial para manifestarse en contra de la forma en que se otorgan los permisos para desempeñar su labor.

La representante del Foro Nacional de Transportistas, Yutibeth Méndez, dijo a los periodistas que en un reciente concurso el Gobierno otorgó 2.700 permisos para transportistas privados, similares a los taxis, los cuales fueron acaparados por pocas personas.

Según Méndez, muchos transportistas "humildes" se quedaron sin permiso para trabajar, lo que el Gobierno atribuyó a que no cumplieron con exigencias técnicas.

A la protesta también se unieron personas dedicadas al transporte de estudiantes y turistas, con el objetivo de pedirle al Gobierno que no firme un decreto que endurece los requisitos para otorgar permisos de operación.

Se prevé que en las próximas horas representantes del Gobierno y de los transportistas mantengan una reunión para analizar estos asuntos.