La huelga convocada por chóferes de Bolivia comenzó hoy con un seguimiento mayoritario en varias ciudades, especialmente las vecinas de La Paz y El Alto, en protesta por una nueva ley que plantea confiscar sus vehículos si la Policía halla en ellos drogas o contrabando que pertenezcan a terceros.

En La Paz, sede del Gobierno, hay escaso transporte colectivo y todos los viajes al interior del país por carretera han sido suspendidos, sin embargo, los automóviles particulares circulan con normalidad, según constataron corresponsales de Efe.

En El Alto, en la central Cochabamba y en las sureñas Sucre y Tarija se cumple la huelga de 24 horas, pero con el apoyo de piquetes de sindicalistas que cortan el paso en las avenidas.

La única ciudad donde no se cumple el paro es la oriental de Santa Cruz, donde los sindicatos alegaron una falta de coordinación con sus organismos matrices y pidieron una mejor explicación de la normativa a la que se oponen.

Los conductores se oponen a la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, aprobada en una primera instancia en la Cámara de Diputados hace tres semanas, porque consideran que tal como está representa un "peligro" para el patrimonio del sector.

Los legisladores han admitido que la norma es durísima porque permite la confiscación de los autobuses y taxis si en los mismos se detecta de forma flagrante contrabando o drogas, pero están abiertos a discutir una reglamentación para salvaguardar los derechos de los chóferes si no se prueba su complicidad en el delito.

El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jorge Pérez, lamentó hoy que los conductores hayan decidido ir a la huelga, pese a que el Gobierno los ha invitado a dialogar para explicarles los alcances de la ley.

Señaló que en una reunión preliminar, el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, les explicó que el objetivo de la ley "no es perjudicar a los transportistas sino perseguir aquellos bienes que han sido producto" del narcotráfico, contrabando o la corrupción.

También están en pie de lucha los comerciantes minoristas, que dicen tener más de un millón de afiliados, porque dicen que si son acusados de contrabando la ley permite que se confisque sus bienes si no demuestran en cinco días que son fruto de actividades legales.

Los dirigentes de los comerciantes anunciaron una huelga nacional en los mercados populares del país para el próximo lunes o martes para rechazar la normativa.