Un juez boliviano decidió hoy trasferir a otro magistrado la competencia para resolver una petición del general retirado Gary Prado Salmón, captor en 1967 del guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, para suspender una orden de arresto en su contra dentro de un caso de complot político.

El juez René Delgado de La Paz envió esa petición a su colega Sixto Fernández, que preside el tribunal a cargo de investigar el supuesto complot para asesinar al presidente Evo Morales en 2009, informó a Efe el hijo y abogado de Prado Salmón, Gary Prado Araúz.

Según Prado Araúz, Fernández tendría que analizar la petición el próximo 29 de octubre, cuando reinstale en la ciudad sureña de Tarija la audiencia para tratar el supuesto intento de magnicidio.

Fernández es el mismo juez que emitió hace doce días la orden de captura del general retirado, que está lisiado y en silla de ruedas en la ciudad de Santa Cruz, por no haberse presentado a Tarija para ese juicio en su contra y otros 38 acusados del presunto complot.

Prado Arauz señaló que mientras el juez Fernández no resuelva su solicitud para frenar la orden de arresto, esta debe quedar en suspenso, pero el asesor legal del ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, sostuvo en cambio que la orden de captura está vigente.

Prado Salmón ha negado su relación con la supuesta trama para asesinar a Morales y ha pedido que el juicio se traslade a la ciudad oriental de Santa Cruz donde vive pero, además, porque fue allí donde la policía descubrió ese supuesto caso de complot en 2009.

El caso estalló en abril de ese año, cuando una operación policial en Santa Cruz desmanteló un supuesto grupo terrorista, liderado por el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa.

En esa operación murieron Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, mientras que el húngaro Elöd Tóaso y el croata-boliviano Mario Tadic fueron detenidos.

De los 39 acusados por el caso, poco más de veinte están sometidos al juicio para defenderse pero han negado su implicación, y el resto se ha fugado del país con el argumento de que no hay garantías para un proceso justo e imparcial.