Después de casi tres meses, el llamado "juicio del siglo" en Brasil inicia este lunes su última etapa, con 25 de los 37 acusados ya condenados por su participación en corruptelas que en 2005 hicieron tambalear al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El Tribunal Supremo seguirá mañana con el análisis de los cargos de asociación ilícita contra 13 de los 37 acusados, lo cual supone el último de los siete capítulos en que se dividió un proceso que, desde el pasado 2 de agosto, ha desvelado numerosas irregularidades ocurridas entre 2002 y 2005.

Los principales acusados en esta última fase son el exministro de la Presidencia José Dirceu, un hombre de la mayor confianza de Lula y su "brazo derecho" durante décadas, el expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Hasta ahora, solamente han presentado su parecer en este capítulo el instructor, Joaquim Barbosa, y el revisor, Ricardo Lewandowski, que mostraron diametrales diferencias en relación al caso.

Barbosa pidió condenar a once de los trece acusados, mientras que Lewandowski se pronunció por exculpar a todos, convencido de que la acusación no ha sido capaz de probar que en la época se estructuró una "sociedad para delinquir".

Esas divergencias serán discutidas por los otros ocho miembros de la corte a partir de mañana y una vez concluida esa fase los jueces deberán comenzar a debatir las sentencias que serán aplicadas a cada uno de los 25 reos considerados culpables.

También deberán decidir cómo resolver los empates registrados en torno a la situación de seis acusados, entre los cuales destaca el caso del exministro de Transporte Anderson Adauto, quien responde por lavado de dinero.

El proceso ha establecido que, como sostuvo la denuncia formulada por la fiscalía, una vez que el PT llegó al poder con Lula en las elecciones del 2002, estructuró una red de corruptelas volcada a la financiación de campañas y al soborno de diputados de otros cuatro partidos.

Buena parte del dinero, cifrado en más de 150 millones de reales (unos 75 millones de dólares al cambio actual) tuvo origen público y nunca fue declarado a las autoridades fiscales o electorales.

El tribunal ha separado a los responsables de las corruptelas en tres núcleos.

Uno político, dirigido por Dirceu, Genoino y Soares; otro que ha sido definido como publicitario, que encabezaba el publicista Marcos Valerio Fernandes, y un tercero catalogado de financiero, que tenía como brazo al Banco Rural (privado).

Dirceu, Genoino y Soares fueron declarados por la corte culpables de corrupción activa, mientras que Fernandes, considerado como el "articulador financiero" de toda la trama, ya fue responsabilizado de corrupción activa y pasiva, malversación, lavado de dinero y evasión de divisas.

En opinión de juristas, Fernandes será quien cargará con el peor castigo, que pudiera llegar a cerca de 70 años de cárcel.

En los casos de Dirceu, Genoino y Soares, las penas se calcula que oscilarían entre ocho y treinta años, pero todo dependerá del criterio jurídico que se adopte para dictar las sentencias.

Según las leyes brasileñas, los reos condenados a un máximo de ocho años tendrían el beneficio de un régimen semi-abierto, que los obligaría a dormir en la prisión, mientras que aquellos cuyas penas sean superiores deberán ser encarcelados una vez que concluya el proceso.